El proyecto es una de las deudas pendientes que tienen los diputados del actual periodo parlamentario, que se inició el 30 de junio de 2013 y concluye el 29 de junio próximo. En la Cámara Baja hay dos propuestas legislativas que persiguen el mismo fin: levantar los fueros cuando los legisladores cometen delitos comunes.
La propuesta del diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA) reglamenta el Art. 191 de la Constitución y plantea que en casos de hechos punibles se rijan las reglas previstas en el Código Procesal Penal (CPP).
A diferencia del proyecto de Ávalos Mariño, que sigue requiriendo del desafuero desde el momento de la imputación, el proyecto del diputado Éber Ovelar (ANR) propone que el desafuero se requiera desde la acusación.
Ovelar mencionó que la Constitución establece dos tipos de inmunidades: la de arresto y la de proceso. Con respecto a lo primero afirma que no existen dudas, y se cumple exactamente lo que señala la Constitución.
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En cuanto a la inmunidad de proceso, menciona que el problema pasa porque la Constitución habla desde el momento de formarse causa y el CPP asume eso como “imputación”. “Por lo tanto es una interpretación legal de la ley inferior lo que puede cambiarse por la acusación”, sostuvo. Su proyecto exonera los delitos comunes de la excepción sobre lo cual la Constitución no hace mención. Los proyectos de ley están pendientes de tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación y esta mañana se definirá en la mesa directiva si se incluye en la sesión ordinaria de mañana. Ávalos Mariño dijo que retomará las conversaciones con sus colegas para analizar el proyecto de ley, incluso dijo que se podría fusionar con la propuesta legislativa de su colega colorado.
Se escudan
A tres meses de que los diputados del periodo 2013-2018 concluyan sus funciones, la Cámara de Diputados sigue sin tratar los pedidos de desafuero requeridos por la justicia.
Entre los casos se encuentran los imputados Óscar Venancio Núñez (ANR) y Aldo Vera (Avancemos País), quienes son requeridos por la justicia por supuestos casos de corrupción cuando eran ordenadores de gastos, antes de ser electos como diputados. Mientras que el caso del diputado Víctor Ríos (PLRA) es por una querella privada.
Lo que dice la Constitución
La Constitución Nacional menciona claramente que: “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena corporal (...)”, señala parte del artículo 191 de la Carta Magna, el cual pretende ser reglamentado.