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El diputado Tomás Rivas (ANR), titular de la comisión especial que estudió el pedido intervención a la administración de la intendenta McLeod de Zacarías Irún (ANR), dijo que entre las 25 denuncias de irregularidades y desvíos de fondos presentadas, hay 15 puntos en los que coincidieron que no ameritan una intervención.
No obstante, admitió que ocho acusaciones sí podrían ser discutidas y que otras dos restantes quedaron sin definición.
Consultado sobre cuáles son concretamente las denuncias que tanto oficialistas como o positores consideran “discutibles”, el parlamentario se negó a revelar esta información. Alegó que entre los legisladores “acordaron” desarrollar estos puntos recién ante el pleno de la Cámara Baja el miércoles 27 de julio.
La diputada Rocío Casco (Avanza País), integrante de la comisión, dijo que está a favor de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Confirmó que establecieron un “protocolo” para exponer las denuncias recién en la sesión del miércoles. No obstante, destacó que el total de las 25 denuncias de presuntas irregularidades, presentadas por siete de los doce concejales de Ciudad del Este, serán desarrolladas en la reunión de la cámara.
El diputado Édgar Acosta (PLRA), quien también integra la comisión, subrayó que no hace falta que todas las denuncias sean corroboradas para aprobar el trámite previsto en el artículo 165 de la Carta Magna. Destacó que apenas se necesita corroborar un caso de corrupción y que aunque los diputados colorados tengan 46 de 80 votos, solo se necesita la mayoría de los presentes para aprobar el trámite.
Al ser insistido, el legislador liberal dijo que una de las denuncias más verificables hace alusión a presuntas irregularidades en el pago de obras y entrega de una plaza pública en la que finalmente murió una menor electrocutada. Así también, mencionó la falta de rendición de cuentas a la Contraloría General de la República en el uso del dinero de Fonacide y royalties de Itaipú. La intendencia esteña tiene un amparo judicial para eludir esta obligación.
Igualmente mencionó los grandes préstamos bancarios que la Comuna realiza para pagar sueldos de funcionarios y el caso de cobro de impuestos inmobiliarios en cajas paralelas, según las denuncias.