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El acuífero tiene un área estimada de 1.190.000 kilómetros cuadrados. El país que más explota esta reserva es Brasil, abasteciendo total o parcialmente entre 300 y 500 ciudades; Uruguay tiene 135 pozos de abastecimiento público.
La comisión de Ecología emitió un dictamen aconsejando el rechazo del protocolo que ya fue aprobado por la Cámara de Senadores. Previo al dictamen, la comisión recibió a la ministra de Defensa, María Liz García, y al vicepresidente de la República, Óscar Denis, quienes pidieron que el texto sea rechazado porque compromete la soberanía del país.
El acuerdo fue firmado en 2010 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores Héctor Lacognata.
El documento, entre otras cosas, ratifica que los Estados partes son soberanos en el manejo del acuífero en su territorio, pero establece que debe haber una colaboración y comunicación permanente. “Las partes ejercen en sus respectivos territorios el derecho soberano de promover la gestión, el monitoreo y el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, y utilizarán dichos recursos sobre la base de criterios de uso racional y sustentable, respetando la obligación de no causar perjuicio sensible a las demás partes ni al medio ambiente”, sostiene.
Además define el Sistema Acuífero Guaraní como “un recurso hídrico transfronterizo que integra el dominio territorial soberano” de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También dispone que cada Estado parte podrá hacer objeciones cuando considere que alguna obra puede afectar el uso racional y sustentable del acuífero. “En este caso, las dos partes analizarán la cuestión para llegar, de común acuerdo y en el plazo más breve posible, compatible con la naturaleza del perjuicio sensible y su análisis, a una solución equitativa sobre la base del principio de buena fe, y teniendo cada parte en cuenta los derechos y los legítimos intereses de la otra parte”.