Se tratan de recursos distintos, pero la naturaleza de la discusión es la misma: la competencia de la justicia en casos de contrabando. Y en este punto, por unanimidad la Sala Penal –integrada entonces por Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera– a través del A y S N° 137, descartó la pretensión de Acuña de resolver la cuestión sólo en sede administrativa. 

Pucheta –a cuyo voto se adhirió Blanco e incluso lo amplió– argumentó entonces lo siguiente:“(...) tenemos lo relacionado a la sanción judicial recaída en virtud al proceso administrativo seguido. Lo que efectuó el juez de garantías, en resumidas cuentas, es que deja sin proceso y eventual sanción a los responsables de un hecho ilícito, por el sólo argumento que en sede administrativa, los mismos ya fueron condenados. En otras palabras, el juez cedió su investidura de tal a cualquier otro funcionario administrativo.

(...) el juez de la causa advierte que los encausados fueron condenados a pagar las multas correspondientes, y lisa y llanamente abandona su imperium sometiéndose él también a lo resuelto en sede administrativa, agravándose su postura al olvidar lo dispuesto en el artículo 336 de la Ley 2422 (...)”.

“Debe dejarse en claro (...) que no es lo mismo la esfera judicial y la esfera administrativa, se estudian cuestiones diversas, se tienen distintos objetivos, se debaten distintas conductas, perjuicios y demás; no puede aceptarse jamás que por ser condenados en sede administrativa, los encausados queden libres de un proceso penal, que estudia tópicos totalmente diversos al primero”.