–¿A usted le queda cómodo que digan que es la candidata del Presidente de la República?
–Desde 2015 yo vengo postulándome a los concursos para la Corte. Este es mi sexto concurso. Soy una postulante eterna. Siempre llego a lugares distinguidos pero nunca puedo pasar el filtro político. Esta es la primera vez que estoy ternada para un cargo de relevancia como es el cargo de ministro de Corte. Es mi primera experiencia también en el terreno político, porque yo no tengo vida política. No estoy afiliada a ningún partido. Y, bueno, en este momento tengo que cumplir con el ritual. Hoy coincide con una coyuntura laboral en la que yo me encuentro...
–¿Conocía al Presidente?
–El Presidente me convocó sin conocerme para encargarme de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este (de diciembre a febrero). Él habrá preguntado y le habrán dado referencias mías. Me dijo: “Quiero hablar con usted”. Es más. Me convocó por whatsapp. Me mandó un audio, que casi me desmayo...
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
–¿Por qué?
–Pensé que era una broma de alguien. Después de una conversación de más de 40 minutos donde me preguntó toda mi experiencia y mis proyectos me hizo el planteamiento. Me sentí honrada y distinguida por la convocatoria, y sobre todo por la confianza, y acepté. Me fui con un equipo a hacer la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este con el resultado que todos conocen. Terminada esa función, el Presidente me volvió a llamar para proponerme la dirección de la Senabico (Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados).
–Usted también llegó a ser jueza...
–Fui fiscala y luego jueza hasta el 2005. Provengo de una familia de abogados. Mi padre fue Benito Ramón Llanes, juez del área penal. Falleció siendo camarista de lo Penal. Estuvo más de 30 años en el sistema. Mi madre, también abogada, fue asistente de ministros de Corte de aquella época: de los Pusineri, doctor Correa, doctor Irala Burgos... Se jubiló después de 40 años de vida tribunalicia. Y yo, por supuesto, desde que egresé del colegio ya frecuenté el Poder Judicial detrás de mis padres. Hice de auxiliar, dactilógrafa, oficial, ujier..
–¿Qué colegio?
–Fui del Nacional de Niñas. Y, bueno, me recibí de abogada. Soy doctora desde 2005. Estoy en la docencia. Enseño Procesal Penal y Litigación Oral. Estoy en la UAA, en la UNA, en la Uninorte, en la Americana, en el Pacífico, últimamente en la UCA. Integro Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales). En eso estoy desde hace 25 años ad honorem.
–Algunos pueden considerar que tiene una deuda con el Ejecutivo..
–Yo me considero independiente y mi objetivo como ciudadana y abogada es y ha sido siempre la consolidación de la institucionalidad y el Estado de derecho. Sí me favorece la coyuntura, porque analicé que me puede perjudicar también...
–¿Por qué?
–Porque puede entenderse lo que algunos piensan..., entonces, en caso de que me favorezca, en caso de llegar a la Corte, teniendo en cuenta mi experiencia penal, yo quiero dar mi aporte en la definición de la política criminal del Estado a fin de poder reencauzar todo lo que está sucediendo en el sistema penal, todas las perversiones que se han instalado, los mitos y las falacias en la aplicación de la ley penal; por ejemplo, en la aplicación de la prisión preventiva durante el proceso y en las consecuencias de su incorrecta aplicación dentro del sistema penitenciario...
–El 80% de los presos no tienen condena...
–El 70% de los recluidos son presos sin condena. Es una cifra muy alta que indica que algo no está funcionando bien dentro del sistema judicial. Nosotros ya tendríamos que estar probablemente demandados (internacionalmente) por la grave irresponsabilidad que estamos teniendo en el manejo del sistema penitenciario. El sistema penal tiene 19 años y posee como paradigma la aplicación de la pena pero como ultima ratio, último recurso contra la criminalidad. Antes que castigar tiene que restaurar. Eso no se está desarrollando de manera efectiva. Por eso estamos con este nivel de hacinamiento penitenciario, con este nivel de morosidad dentro del sistema penal. Hay que replantear la política criminal...
–¿Qué haría con los presos por agresión familiar, por abusos en torno a la familia, que dicen que son los que más llenan las cárceles?
–Lo que tenemos es una aplicación indiscriminada de la prisión preventiva y esto no se puede aplicar así de manera masiva y populista. Acá directamente se masifica. En este país, la prisión es la regla y la excepción la libertad, cuando la Constitución dice exactamente lo contrario. En el caso de violencia familiar, el Estado tiene que encargarse de dar seguridad a las mujeres, a la familia del agresor o de la agresora mientras dure al proceso. Todo el Estado se tiene que organizar a nivel preventivo: el Ministerio del Interior, la Policía. No se le tiene que cargar todo al Poder Judicial, al sistema penal. El sistema penal es el último eslabón del sistema estatal de seguridad.
–¿Y qué haría usted ante este otro caso, que produjo un shock en la sociedad, lo que hicieron estos criminales brasileños en San Pedro? Decapitaron, quemaron, tomaron a su libre albedrío el penal.
–Esta es la expresión máxima de lo que es el efecto transnacional de la criminalidad organizada. Son integrantes de carteles brasileros que avanzaron hacia nuestro país. Se instalaron y ya empezaron a cometer sus crímenes y obviamente a ser sujetos de nuestro sistema penal. Contener todo eso requiere una definición de la política criminal del Estado, que perdure más allá de los gobiernos. No tiene que interesar que hoy sea Presidente él o ayer haya sido el otro. Esto tiene que ir más allá. Y esa organización es la que no está instalada de manera fuerte. Es débil...
–¿Hay que arrojarlos a estos criminales a su país o construirles una cárcel en Lagerenza (Chaco)?
–Varias acciones se pueden dar. Cortar el brazo financiero de la criminalidad es uno de los aspectos. Hay que analizar. Hay procesos avanzados en donde ya no pueden ser expulsados. De ese contingente, que tengo entendido es un número alto, hay que analizar a quiénes se puede expulsar, a quiénes extraditar. Por otro lado, es necesaria la construcción de cárceles de máxima seguridad para este tipo de criminalidad.
–En Villarrica se habló de pánico porque se trasladaron presos de esa calaña hacia la ciudad...
–No es para menos. Cunde la alarma. El Poder Judicial lo que puede hacer es involucrarse y separar los procesos que pueden permitir una extradición y los que están todavía a tiempo de la expulsión, y acelerar al máximo esos procesos...
–¿Cómo se puede reducir la morosidad de la justicia que dicen es el origen de la corrupción?
–En el sistema penal hay mecanismos alternativos de solución del conflicto, que son más cortos o simplificados. Es cuestión de sentarse y decir: “vamos a establecer los criterios”. A los delincuentes primarios le vamos a dar la suspensión condicional del proceso en determinados delitos. A los delincuentes bagatelarios (delitos menores), de 100, 90 ya pueden salir por el camino con soluciones legales, con reparación del daño, con reparación a la víctima y mínima prisionización.
–El descreimiento sigue latente. Puede haber voluntad pero no se cree que puedan tener fuerza...
–Yo, sin embargo, estoy convencida de que estamos en un tiempo nuevo. La sociedad reclama con fuerza a sus autoridades el respeto a la Constitución, al Estado de derecho, la materialización efectiva del Estado social de derecho que no termina de plasmarse. Nadie de los que están asumiendo como ministros de la Corte se puede quedar tranquilo sin cumplir por lo menos parte de lo que planteó en su propuesta de postulación. Dentro de lo que yo he planteado, yo me comprometo de manera seria y responsable al reencauzamiento del sistema penal en el cual estoy profundamente involucrada porque estuve en su formulación, en su socialización, en su implementación. Si tengo oportunidad de llegar, voy a poder estar en su aplicación.
–La presencia de una mujer, en qué va a incidir en la nueva Corte.
–En un sistema democrático y republicano como el nuestro, los cargos de decisión tienen que estar integrados por hombres y mujeres. Eso es algo básico que se ha cumplido en parte. Hoy tenemos dos mujeres en un tribunal de nueve. Inclusive había más y ahora quedan dos. Entonces, había que tender hacia la paridad...
–Roa Bastos, muy idealista, decía que este país recién va a cambiar cuando gobierne una mujer. Fue muy galante ¿o no?
–No sé si se espera que una mujer sea la solución por los altos niveles de corrupción que hemos visto en los gobiernos y en la sociedad misma en estas tres décadas. Más allá de que las causas sean esas, la mujer tiene que seguir ocupando los espacios en la sociedad y sobre todo en el poder, porque eso es algo que está plasmado en nuestro modelo de organización política y todavía no se ha cumplido. Es una deuda pendiente. Desde ese imperativo la mujer tiene que estar a la altura de las exigencias y de las circunstancias. En ese contexto pienso integrarme si es que llego.
–¿Usted ve que hay cambios desde que se integraron los nuevos ministros de la Corte?
–Yo les conozco a los tres (Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón), de la vida profesional y del ámbito académico. Son excelentes. También coincido con su pensamiento. Tienen buenas intenciones y no son nomás mayoría todavía en un cuerpo colegiado que requiere de consensos. Estamos en un momento en que los paradigmas son otros y los servidores del sistema tienen que estar coincidentes con esos nuevos paradigmas. Si alguien no está acorde con las exigencias actuales, atrasa o hace que se repliegue toda la estructura. No tiene que estar ahí...
holazar@abc.com.py