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La televisación de la sesión de la Corte permite ver y calificar la actuación de los integrantes de la máxima instancia judicial. Este hecho es muy saludable y obligará a los ministros a tomar decisiones en base a la ley y la razón, pero para ello es necesario el control y la crítica ciudadana. De lo contrario, la arbitrariedad puede seguir pese a la incorporación de nuevos miembros en el más alto tribunal de la República.
El tratamiento de la terna de fiscales durante la plenaria del martes pasado quizá hubiera pasado desapercibido si los ministros no dejaban fuera del cargo al abogado Jalil Rachid Segovia. El mismo tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público y tuvo a su cargo procesos muy publicitados, entre los cuales está el de la masacre de Curuguaty. Este caso fue precisamente el que alegó uno de los ministros para sacarlo del cargo.
Según se puede ver en la grabación de la sesión, el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, propuso de la terna conformada por Rachid para fiscal de Curuguaty al abogado Alfonso Mascareño Morales. El ministro no fundó su postura como debería ser y se limitó a decir el nombre de su candidato. Su propuesta fue apoyada por Manuel Ramírez Candia, quien alegó para no confirmar a Rachid que no le gustó el desempeño del citado agente en el caso de la masacre de Curuguaty. Solo eso, no explicó qué es lo que hizo mal el fiscal para no ser confirmado.
La postura de Jiménez y Ramírez Candia fue apoyada por el ministro Alberto Martínez Simón, que tampoco fundó su voto.
Rachid contó con el apoyo de los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Luis María Benítez Riera, con lo cual se dio un empate con Mascareño.
La doctora Peña pidió una reconsideración y habló del buen trabajo de Rachid en la zona de Curuguaty y en el caso de la masacre, contrariamente a lo que había manifestado Ramírez Candia. Sin embargo, con su doble voto, Jiménez Rolón desempató a favor de su candidato Mascareño, sin fundar su decisión como debería ser, para que la ciudadanía pueda saber por lo menos en qué se basó el presidente de la Corte para que Mascareño entre al Ministerio Público y Rachid quede fuera.
La manera caprichosa en la que actuaron los ministros no se limitó al caso de Rachid, como permite confirmar una detenida observación de la grabación de la sesión del martes 11 de junio. En la ocasión fueron ratificados en el cargo varios fiscales, mucho de ellos con casos pendientes en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Pese a contar con el informe del órgano juzgador, en donde consta que muchos agentes del Ministerio Público tienen hasta dos procesos y más, los ministros resolvieron confirmarlos. Algunos incluso mintieron al afirmar que el candidato no tenía denuncias, ya que se puede corroborar que se daba lo contrario, de acuerdo al informe elaborado y entregado a cada uno de los altos magistrados.
Por ejemplo, la Corte, a propuesta de la ministra Miryam Peña, confirmó en el cargo a Norma Ortiz Garcete, con una causa en el Jurado de Enjuiciamiento. Lo mismo ocurrió con la fiscala Ariela Chaparro Cuevas, que también tiene una denuncia en trámite en el órgano juzgador.
El fiscal Nelson Ruiz, con dos denuncias en proceso en el Jurado y varias críticas a su actuación que obligaron a la fiscala general Sandra Quiñónez a cambiarlo de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, también fue ratificado en el cargo por el alto tribunal. Ninguno de los seis ministros presentes en la sesión se acordó de los antecedentes de Ruiz, quien continúa en el Ministerio Público.
A propuesta de Jiménez Rolón fue ratificada la fiscala María Genoveva Figueredo Insauralde, quien cuenta con dos causas en trámite, según el informe del Jurado y que cada uno de los ministros tenía en su poder.
La fiscala Nohelia Nauman y su colega Juan Carlos Ruiz Díaz Parris, con una denuncia cada uno en trámite en el Jurado, también fueron confirmados. La primera a propuesta de Benítez Riera y el segundo por Peña.
El fiscal Andrés Arriola Ramírez, con dos procesos en el órgano juzgador y de criticada gestión, igualmente fue confirmado a propuesta de Benítez Riera, quien afirmó que conoce el trabajo del agente en el Chaco.
El ministro Ramírez Candia propuso la confirmación de la fiscala Susana González Ríos, pese a una denuncia que la misma tiene en el Jurado.
Ramírez Candia, sin embargo, pidió diferir el tratamiento de la terna conformada por la fiscala Olga Patricia Melgarejo Benítez. Para ello, el ministro alegó una causa que la fiscala tiene en el Jurado. Es decir, para un caso no le importa el proceso en el Jurado, pero para otro sí.
Los fiscales Fernando González Ayala, Carlos Maldonado Ramírez y Laura Romero López, con una denuncia cada uno en el órgano juzgador, también fueron confirmados por la Corte. En estos tres casos, al igual que los otros señalados más arriba, los ministros ignoraron las causas abiertas en el Jurado. Lo sugestivo es que para algunos agentes del Ministerio Público tuvieron en cuenta el informe de dicho órgano, con lo cual se evidencia la contradicción de los integrantes del alto tribunal, que deben actuar en base a la ley y no en forma totalmente arbitraria.
cbenitez@abc.com.py