El órgano electoral a través de la Superintendencia inició una investigación, cuando ya debía abrir un sumario en contra de la funcionaria electoral que en contravención a una resolución interna de la Justicia Electoral y las leyes de Contrataciones, Función Pública y Enriquecimiento Ilícito, alquiló parte de su casa en Quiindy para el funcionamiento de un Registro Electoral.
La Superintendencia en 15 días deberá resolver si inicia el sumario a la funcionaria leal al titular de turno, Jaime Bestard. “En caso de que encuentre algún tipo de irregularidad que amerite la instrucción de un sumario administrativo, independientemente a que termine toda la investigación, se hará la solicitud correspondiente para la instrucción de un sumario”, señaló Julián Sosa, encargado de la dependencia electoral.
Incoherencia
Ni siquiera las autoridades de la Justicia Electoral respetan su propia resolución. El 22 de mayo del 2013 el órgano electoral prohibió que funcionarios de la institución y sus familiares suscriban contratos como locadores de las oficinas de los Registros Electorales de todo el país.
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A esto se suma que Fretes Mora también violó el artículo 40 de Ley de Contrataciones Públicas, en el que señala que un funcionario no podrá presentar propuestas de contratación de servicios a su institución.
También se suman las prohibiciones del artículo 60 de la Ley 1626/00 de la Función Pública que impide establecer contratos con el Estado, y la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que inhabilita a un funcionario público que cometa tráfico de influencias para obtener un beneficio personal indebido.