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El 5 de noviembre de 2018, la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio Público recibió y abrió los sobres con ofertas en el marco de la licitación 352.369 para la “adquisición e instalación de sistema de videovigilancia para depósitos de evidencia”. Una sola empresa se presentó: Bullers SA, de Óscar Chamorro Lafarja, “partner” del exsenador liberal llanista Dionisio Amarilla.
El 30 de noviembre, Contrataciones Públicas advirtió que el plan de entrega de los bienes era de 60 días y que “las convocantes deberían realizar la obligación conforme a lo que efectivamente se haya ejecutado en cada ejercicio (presupuestario)”, advirtiendo que el ejercicio presupuestario vigente era de ese mismo año 2018.
Con todo, el 4 de diciembre, la Fiscalía y Óscar Chamorro Lafarja como presidente de Bullers firmaron contrato por G. 4.000 millones para la instalación de 129 cámaras de seguridad en 22 depósitos distribuidos en todo el país, además de un centro de monitoreo en el depósito central de evidencias del área metropolitana “La Piedad”.
Posterior a la firma del contrato, la Fiscalía respondió a Contrataciones que los trabajos se realizarían en los plazos establecidos dentro del ejercicio fiscal y el 19 de diciembre Óscar Chamorro Lafarja firmó el compromiso de terminar todos los bienes y servicios adjudicados “a más tardar el 26 de diciembre”. Esto es, en menos de un mes, se comprometió a recorrer los 22 depósitos y culminar a la velocidad del rayo el centro de monitoreo.
Menos de un mes después, el 11 de enero pasado, Chamorro ya cobró a la Fiscalía más de G. 3.752 millones, a los que se sumaron otros G. 15 millones el 22 de enero.
Consultada sobre esta licitación, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dijo que indagará si en el proceso existió o no alguna irregularidad, pero que fue una indicación suya que la instalación de las cámaras de seguridad y el centro de monitoreo sean una prioridad, porque preocupaba la situación en que se encontraban los depósitos en materia de seguridad.
La fiscala general informó que el centro de monitoreo fue inaugurado el 6 de mayo pasado. Esto es, cinco meses después del plazo que el mismo Chamorro se comprometió a cumplir.
Con todo, Quiñónez resaltó que los controles por los que pasó el proceso de la licitación, incluido el de Contrataciones Públicas, es para ella una tranquilidad. Afirmó que todo es transparente en la institución y que le interesa avanzar en cuanto a mejoras de la infraestructura con que cuenta la Fiscalía para trabajar.