A pesar de los 26 años de vigencia de la Constitución actual y del nombramiento de los fiscales generales mediante una selección previa que pasa por el Senado, el Ministerio Público es más bien una oficina para enriquecer a su titular y para emplear a su parentela y amistades.
Las denuncias de que el actual fiscal general Javier Díaz Verón, con permiso hasta el 22 de abril, se enriqueció solo después de ocupar el cargo, de emplear inclusive a los compañeros de estudio de sus hijos y de ocultar sus bienes, demuestran que nuestro representante estaba más ocupado en abultar sus ganancias mal habidas que defendiendo nuestros derechos y tratando de hacer cumplir las garantías constitucionales.
Curiosamente, sin embargo, la Fiscalía tiene la misión de defender el patrimonio público y social además de precautelar los bienes e intereses colectivos. Pero como es de conocimiento público, casi todos los fiscales generales de los últimos períodos se retiraron de la función con un patrimonio muy abultado, lo que significa que cumplieron muy bien sus roles, pero solamente para ellos, no para la sociedad.
Ya en el Estatuto Provisorio de la Administración de Justicia, dictado como ley durante el gobierno de Carlos Antonio López, se define la figura del Fiscal General, pero la designación de su titular es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.
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Solo en la Constitución de 1967, el Ministerio Público adquiere rango constitucional y aparece separado de los demás poderes del Estado, dando la impresión de constituir un órgano extrapoder, aunque en la práctica resulte todo lo contrario: un ente dependiente de las élites políticas.
En la actual Constitución (1992) se constituye como parte integrante del Poder Judicial, aunque no depende del mismo ya que cuenta con autonomía funcional y administrativa. Sin embargo, todos los fiscales terminan siendo elementos del presidente de turno.
Durante la dictadura de Stroessner, los fiscales eran no solamente instrumentos políticos de la dictadura sino además justificadores de los crímenes de lesa humanidad. Clotildo Giménez Benítez era uno de ellos, quien dictaminaba siempre en contra de los detenidos políticos de acuerdo a los dictados de la policía política.
“El comunista es un inadaptado social por naturaleza e ideología, es enemigo declarado de la sociedad”, declaró en 1982 a ABC Color.
Otros fiscales durante la era stronista fueron Aníbal Cano Chilavert, Ramiro Recalde de Vargas, Alexis Frutos Vaesken, Rodney Elpidio Acevedo y el mencionado Clotildo Jiménez. Durante la transición entre la dictadura y la era democracia fueron fiscales generales Diógenes Martínez (actual ministro de Defensa) y Luis Escobar Faella. Los de la era democrática: Aníbal Cabrera Verón, Óscar Germán Latorre, Rubén Candia Amarilla y Díaz Verón.
Lo salvaron del juicio político
En la sesión convocada el 23 de enero en la Cámara de Diputados, durante el receso parlamentario, se trató el pedido de juicio político para el fiscal general de Estado con permiso Javier Díaz Verón. En esa ocasión, el funcionario cuestionado, que retornaría al cargo el 23 de abril, fue salvado con los votos de 27 diputados cartistas y diez ausencias, incluidas las de 5 liberales. Díaz Verón, está siendo investigado por varios delitos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito.
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