El pedido de auditoría partió de la propia institución presidida actualmente por el exintendente de Villa Hayes Ricardo Núñez.

En conversación con ABC Cardinal, Rodgers admitió que recibieron la solicitud para la realización de auditoría a la institución que es blanco de crítica de los intendentes y la ciudadanía en estás últimas semanas.

Indicó que se dará curso a la solicitud atendiendo a que, si bien Opaci no es una institución pública, administra fondos públicos. “Claro que se va a dar trámite”, puntualizó.

El contralor interino explicó que el período máximo de una auditoría es de 39 semanas y que en el caso de Opaci se auditarán los fondos que recibió la ONG, durante 2015.

Ayer, durante una visita a nuestra redacción, Basilio “Bachi” Núñez, hermano de Ricardo y exasesor del organismo hasta diciembre del año pasado, señaló que la auditoría le conviene a la Opaci. “Nosotros queremos que venga para que constaten los ingresos y egresos”, señaló.

La Opaci es una organización no gubernamental cuya principal fuente de ingreso es el cobro de arancel por la expedición, renovación o anulación de los registros de conducir de cada uno de los contribuyentes del país. Pero cobra además en al menos 18 conceptos diferentes.

Según los datos de la propia institución, en el 2015 el presupuesto de ingresos ascendió a G. 41.900.476.241. De este total el monto más abultado proviene del cobro de arancel por licencias de conducir que arroja la friolera suma de G. 23.591.523.026. Otros G. 16.280.712.578 corresponden al cobro por impuesto a transferencia de bienes raíces. La Opaci fue fundada en 1964 como un ente estatal. Desde 1997, es una oenegé.