“Nunca fui investigado en el caso de venta de Antelco. Es más, fui llamado a declarar pero como testigo de la fiscalía en la causa”, manifestó ayer el futuro ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor.
Cuando en el 2001 se inició el proceso de capitalización de Antelco, que posteriormente se convirtió en Copaco, Villamayor se desempeñaba como ministro de la Reforma. El proceso fue muy cuestionado especialmente por la participación de un escribano particular, Jorge Fernández Zaván en la elaboración de la escritura, y por el que se pagó unos 500.000 dólares.
Villamayor aseguró que la participación de Fernández Zaván fue una decisión del entonces procurador Juan Carlos Barreiro, quien sí fue procesado.
Por otro lado, el abogado se refirió al sonado caso de venta de helicópteros inservibles a la Policía bajo la administración de Rafael Filizzola. Dijo que dicha causa murió el martes cuando la Corte admitió la inconstitucionalidad presentada por la defensa de los empresarios Guillermo Casado y Álvaro Lasso. Negó que la resolución tenga que ver con su nominación. “Hace cuatro años presenté la inconstitucionalidad, no ahora. Y demostré que la demanda del Ministerio del Interior se basó en documentos falsos”, acotó.
Finalmente al referirse a la demanda de la verificadora de vehículos Ivesur contra la Municipalidad de Asunción, dijo que también es una causa concluida y que la Comuna capitalina le debe plata.
“Me tiene que pagar, yo no tengo por qué renunciar a mis honorarios si de eso vivo. Soy abogado, ese es mi trabajo. Me contrataron para demandar, y gané”, manifestó. Insistió que no tiene nada que ver con Ivesur.
Varios cuestionamientos
El abogado Juan Ernesto Villamayor, nominado por el presidente electo Mario Abdo Benítez como futuro ministro del Interior, tiene varios cuestionamientos en su ya larga y dilatada carrera.
Se lo vincula a varios casos de tráfico de influencias, uno de ellos tiene que ver con el vaciamiento del Banco Nacional de los Trabajadores entre los años 1993-1996.
Según denuncias hechas ante la Justicia, habría cobrado en aquel entonces G. 1.000 millones junto con el hoy senador Juan Carlos Galaverna para dar “cobertura política” al despojo. Fue abogado en controvertidas causas como la venta de helicópteros a la Policía y la demanda de Ivesur.