Esposa de ex fiscal general se presenta y queda presa

La abogada María Selva Morínigo de Díaz, esposa del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, seguirá su proceso por lavado de dinero desde el correccional de mujeres Casa del Buen Pastor. Así lo resolvió ayer el juez penal de garantías José Agustín Delmás, quien decretó su prisión en una audiencia de imposición de medidas, a la que la letrada acudió ayer tras permanecer ocho días con paradero desconocido. La defensa anunció apelación.

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Tras presentarse ante la comisaría de su barrio (14ª) y la Fiscalía, María Selva Morínigo logró que la actual fiscala del caso Carmen Gubetich de Cattoni levantara la orden de detención dictada el lunes de la semana anterior por la fiscala María Estefanía González.

Esta decisión al parecer le infundió confianza y para cuando llegó a tribunales, atrás había quedado el rostro adusto con el que se la vio en la Fiscalía momentos antes.

Alrededor de las 9:30, María Selva Morínigo “desembarcó” sonriente al 4° piso de la Torre Norte desde el ascensor de magistrados, acompañada de su abogado Mario Aníbal Elizeche Baudo. Hasta tuvo ánimo para bromas cuando un periodista le preguntó sobre el paradero de su esposo y contestó: “Está en mi corazón”.

Durante la audiencia, la defensa solicitó arresto domiciliario y presentó el resultado de una pericia que favorece a su defendida, a modo de descargo. Asimismo, el defensor ofreció fianza personal y presentó constancias de una enfermedad que padece su hija adolescente y que amerite la atención de su madre, por lo que pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

Si bien la fiscala del caso solicitó prisión, ayer su interina Carmen Gubetich tuvo una postura distinta. Tras alegar que se trata de un delito, cuya expectativa de pena no supera los 5 años, dijo que aunque podría darse una obstrucción a la investigación, no se oponía al arresto domiciliario de la procesada, con control policial. 

El juez Delmás argumentó que no desconoce el marco penal del tipo imputado por la Fiscalía, advierte que la posibilidad de obstrucción a la investigación y el peligro de fuga ameritan la prisión.

Explicó que la defensa no ofreció caución real ni certificado de vida y residencia, lo cual sumado al hecho de que estuvo ocho días con paradero desconocido a sabiendas de la detención decretada por la Fiscalía. Agregó que en la audiencia de medidas no se evalúan los elementos de descargo.

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