Representantes del Estado, entre ellas la diputada Olga Ferreira, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Organizaciones no Gubernamentales (ONG), estarán presentes en las audiencias, confirmaron fuentes diplomáticas. La diputada Ferreira destacó en su último informe de gestión que la falta de designación del defensor del Pueblo es una de las grandes deudas del Estado paraguayo y en particular del Congreso Nacional.
Advirtió que nuestro país se ha comprometido a concretar la elección de un nuevo defensor, pero ni siquiera se ha conformado la terna de candidatos al cargo en el Senado, por lo cual no tendrá otra alternativa que presentarse con las manos vacías ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La legisladora indicó que ha urgido en varias oportunidades, durante el 2015, a los senadores para que remitan la terna de candidatos a la Cámara de Diputados, pero sin éxito.
Destacó que pese a que formalmente hay un defensor, en realidad eso es solamente “en los papeles”.
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Otro de los temas a ser abordados es el caso de la masacre en Curuguaty, episodio en el que murieron violentamente 17 personas (11 campesinos y 6 policías) en junio de 2012. El juicio sobre este hecho se desarrolla actualmente en el Poder Judicial.
Existen varias denuncias de organismos civiles sobre supuestas irregularidades que se registraron durante la etapa de investigación y en el juicio mismo que se lleva adelante.
Uno de los temas que se cuestionan es que solamente los campesinos sean acusados de los hechos de violencia, cuando que la mayoría de las muertes se dieron entre los ocupantes de las tierras.
En cuanto a la defensa del Estado, esta se basaría en que se está llevando a cabo el juicio normalmente, con todas las garantías procesales.
Aducirán además que se respetan los derechos de todos los acusados en este caso.
Culpa del “cuoteo” político
La intención de incluir el cargo del defensor del Pueblo dentro de un “cuoteo” político, que incluya al contralor general de la República y, eventualmente, las vacancias en la Justicia Electoral y la Corte Suprema, ha sido el motivo de que no se pudieran definir candidatos. En la práctica el actual defensor tiene su cargo vencido desde 2008 y todo indica que será muy difícil que la designación se despegue de la “lógica” de la repartija político-partidaria. Pese a la importancia que podría tener la Defensoría por las atribuciones que le da la Constitución, hasta el momento no ha cumplido las expectativas ciudadanas, dado que los legisladores se encargaron de vaciarlo de su contenido social y práctico.