El proyecto de ley busca modificar el artículo N° 14 de la Ley N° 4758/12 que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), un fondo anual de unos US$ 280 millones provenientes de las regalías de Itaipú.
En teoría, este dinero es destinado a mejorar la calidad de la educación y a obras municipales y departamentales. Sin embargo, dicho fondo actualmente es asociado con numerosos casos de corrupción entre intendentes y gobernadores.
La propuesta fue presentada por los senadores del Frente Guasu, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez y Jorge Querey; junto a los liberales efrainistas Víctor Ríos (rector de la Universidad Nacional del Pilar), Amado Florentín y Carlos Gómez Zelada.
El proyecto de ley elimina la representación de la sociedad civil o referentes del sector privado, organizaciones educativas e incluso comunicadores.
En contrapartida, crea cinco representaciones que el Poder Ejecutivo se verá obligado a aceptar tras las elecciones de cada gremio.
Incluyen un miembro de las universidades públicas; un representante de las Asociaciones de las Cooperadoras Escolares y un representante de los gremios docentes, nominados por sus pares.
También nombra un representante estudiantil de las universidades públicas y un representante de los centros estudiantiles.
Ministros miembros
Actualmente, el consejo de administración del Fonacide es integrado por el ministro de Hacienda, Benigno López; el titular del MEC, Eduardo Petta; el ministro de Salud, Julio Mazzoleni; el titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Carlos Pereira; y el presidente del Conacyt, Luis Alberto Lima.
Sector privado
Los miembros titulares por el sector privado son Víctor Ignacio González Acosta; Emilio Schaerer Serra; Jorge Miguel Brunotte Lange y Carlos Peralta. Los suplentes son Josefina Robinson, Beltrán Macchi; Luis Bareiro y Vicente Santa Cruz.