06 de Abril de 2011

Exhortan a poner fin a la tortura

La filial de Amnistía Internacional (AI) divulgó ayer un documento en el cual, entre otras recomendaciones, insta al Gobierno a poner fin a la impunidad de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que son alarmantes en Paraguay.   

La campaña "Seguridad con Derechos Humanos" será llevada adelante por Amnistía, y busca poner en evidencia a los gobiernos que violan los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo, señala el comunicado.   

Asimismo, pondrá foco en las violaciones de derechos humanos cometidas en este contexto y además, será una campaña en favor de los derechos de las víctimas, tanto si han sufrido violaciones de derechos humanos a manos del Estado como si son víctimas de ataques contra civiles perpetrados por grupos armados, agrega.   

En otro párrafo Amnistía advierte que si un Estado no respeta los derechos humanos, los individuos y gobiernos responsables tienen que rendir cuentas.

Amnistía Internacional trabajará en favor de los derechos de las víctimas de terrorismo y de grupos armados, y las apoyará en su lucha por obtener verdad, justicia y reparación, añade.   

En el contexto de esta campaña, concretamente solicitamos al Gobierno de la República del Paraguay acciones para poner fin a la desaparición forzada, tales como: Paraguay ha ratificado en el mes de mayo de 2010 la "Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas" por Ley 3941/10. Sin embargo, al momento del depósito del instrumento internacional, no hizo la declaración prevista para aceptar que se presenten comunicaciones individuales o de otros Estados al Comité contra las Desapariciones Forzadas alegando violaciones a los derechos consagrados en el tratado (Arts. 31 y 32), de esta manera queda incompleta la protección de estos derechos.     Dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Verdad y Justicia (2008), iniciar, reabrir o proseguir, por parte de las autoridades judiciales, procesos tendientes a investigar la responsabilidad penal de todas las personas mencionadas como presuntos victimarios en el informe CVJ.     Las mujeres estarían expuestas a tratos de agresión y violencia sexual. Generalmente lo utilizan como medidas para "descubrir culpables", entre los métodos que reconocieron efectivos policiales entrevistados para este artículo fueron el submarino seco, golpes en las manos y pies con cachiporras de gomas para evitar que queden rastros.     La modificación del Art. 309 sobre tortura del Código Penal para que se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo en ella los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes y eliminando la intencionalidad que hoy forma parte del tipo penal, expresa.   
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