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María Esther Roa, representante de los autoconvocados, indicó que “ya pasó” el tiempo prudencial para que el Ministerio Público impute.
Aseguró que existen “sobradas pruebas” para imputar, pero que todo es muy lento desde setiembre del año pasado. Manifestó que sospechan de un pacto político del que ya todos hablan, y que tiene que ver con un acuerdo para que Cuevas no sea imputado hasta tanto no deje la presidencia de Diputados.
“Es por este motivo que para nosotros es una prueba para saber de qué lado está el Ministerio Público, si del lado de los políticos como siempre estuvieron o del lado de la ciudadanía”, mencionó la abogada.
El grupo seguirá en vigilia hoy en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y desde el lunes irá a Delitos Informáticos, ya que la causa retornaría a Irma Llano.
Esther Roa dijo que ninguno de los dos interinos de Llano, René Fernández y Liliana Alcaraz, estaban en su despacho, y que ni siquiera un asistente quiso informarles sobre los avances en la pesquisa por enriquecimiento ilícito y lesión de confianza.
También dijo que la fiscala adjunta de la Unidad, Soledad Machuca, no les recibe y tampoco cumple con las reuniones mensuales que prometió para escuchar inquietudes de hechos de corrupción en todo el país.
Por este motivo, la comisión ya pidió su cambio a la fiscala general Sandra Quiñónez, que hasta ahora no dio ninguna respuesta.