Bajo la consigna “que dé la cara y responda a los cuestionamientos”, funcionarios de la Contraloría General de la República se manifestaron ayer frente a la institución. Los trabajadores exigieron que el máximo responsable de la institución, José Enrique García, responda a una serie de cuestionamientos que pesan sobre su administración.
Uno de ellos tiene que ver con el pago de jugosos viáticos a funcionarios que formarían parte de su rosca de amigos.
Según datos oficiales solamente en el mes de noviembre del 2017 la Contraloría repartió G. 113 millones en viático. Entre los beneficiados están por ejemplo la funcionaria Marissa Macoritto D’Ecclesiis, quien el 26 de noviembre viajó a Madrid, España, y cobró un viático de G. 7.919.606 para solventar su participación en el XVI Congreso Internacional de Protocolo, Comunicación Corporativa, Imagen personal y organización de eventos.
Macoritto D’Ecclesiis es una conocida peluquera y maquilladora, que desde el 2000 figura como funcionaria del Ministerio de Industria y Comercio. Actualmente está comisionada a la Contraloría.
Pero el caso más polémico es el de la funcionaria María Norma Martínez Irigoitia quien el 27 de noviembre del 2017 fue nombrada en el cargo de director de Gabinete, con un ingreso de G. 15.877.000. El 22 de enero, con apenas dos meses de antigüedad, la misma salió de vacaciones –en abierta violación de la ley que establece como mínimo 1 año de antigüedad y con la anuencia del propio contralor, que firmó una resolución nombrando como interino a Eulogio Rivas.
Martínez Irigoitia responde al sector político del senador Adolfo Ferreiro. Forma parte de su lista de candidatos al Senado para el 2018. Ferreiro, según reveló un audio que se difundió en diciembre por radio ABC Cardinal 730 AM, maniobró en la Fiscalía para que García sea blanqueado en el caso Ivesur.
Preocupa la productividad
Funcionarios de la Contraloría manifestaron ayer que en el 2017 se alcanzó apenas 17% de la meta de productividad propuesta para ese ejercicio.
Según los datos, existen 212 pedidos de auditoría pendientes y el contralor Enrique García no da una explicación pese a que los trabajadores pidieron por nota una respuesta sobre el particular.