Exigua condena a Bogado podría quedar en el oparei

El legislador colorado Víctor Bogado y Gabriela Quintana, al conocer la decisión del Tribunal, anunciaron que apelarán la decisión de los jueces.

Juan Carlos Zárate y Elio Ovelar condenaron el viernes pasado como cómplice a la pena de un año al senador, mientras que a Quintana a un año y seis meses, como autora del cobro indebido, el delito más leve porque se excluyó la estafa.

Por su parte, los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz también están analizando apelar, aunque están en la duda debido a que según el cómputo del plazo que manejan el caso prescribe el 25 de noviembre de este año, fecha en que se cumplen los seis años del hecho, o sea que Gabriela percibió la última liquidación de la binacional Itaipú.

La apelación fiscal lo que haría es beneficiar al legislador y a Quintana, por lo que están analizando la cuestión.

Sin embargo, según el criterio de los jueces la fecha tenida en cuenta es el 11 de octubre del 2013, cuando la Itaipú Binacional despidió a Gabriela Quintana y terminó el hecho punible, por lo que hasta en eso dieron una “mano” a los acusados.

Si la sentencia no queda firme para ese día, este delito prescribiría y Víctor Bogado podría quedar sobreseído .

Es evidente que tanto el abogado Andrés Casati como el ex fiscal general Óscar Germán Latorre apelarán. Será la Cámara de Apelaciones la que deberá expedirse en la brevedad posible y resolver si confirma o no la condena. Posteriormente queda el último paso, la Corte Suprema de Justicia. Será la Sala Penal que tendrá la última palabra y estará en el ojo de la tormenta debido a los antecedentes que se tuvo en el caso. Una acción de inconstitucionalidad que había planteado Gabriela Quintana lo resolvieron luego de dos años.

Está en manos de los ministros de la Corte Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Miryam Peña expedirse de manera rápida.

Sin embargo, una de las que se inhibiría, y tendrá que integrarse la Sala, es Peña, puesto que ya lo hizo anteriormente. De confirmarse o anularse la condena, ambas cuestiones se deben resolver antes de que el caso prescriba, por lo que será una prueba de fuego para la Justicia.