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El agente del Ministerio Público solicitó a través de una nota a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que informe si las personas físicas y jurídicas que se detallan a continuación son o han sido contribuyentes, que se den datos de los detalles de declaraciones de balances, de auditorías externas de los impuestos y el detalle de pago de los impuestos de los últimos 10 años.
Los afectados con el pedido de informes a la SET e indagados por el agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción son: el senador colorado cartista Óscar Alberto González Daher, sus hijos Óscar Rubén González Chaves y María Emilia González Daher Chaves; el hermano del legislador, exdirigente deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol y expresidente del Sportivo Luqueño, Mario Ramón González Daher; el hijo de este, expresidente del Sportivo Luqueño Fernando Ramón González Karjallo, y Delcia María Karjallo de González.
El pedido del Ministerio Público asimismo requiere datos del exjuez en lo laboral de Luque y eterno protegido del legislador Juvencio Pánfilo Torres Noceda, de Pedro Martínez Silva, de Ada Rosalina Cazó Barrios, y finalmente de la firma Príncipe Di Savoia SA, que sería la inmobiliaria que trabaja de fachada y sobre la cual se sospecha es utilizada para lavar dinero. Funciona en Luque, en la misma vivienda del senador. Torres, Martínez y Cazó serían testaferros del parlamentario.
Declaración de bienes
De igual manera, el fiscal Fernández requirió a la Contraloría General de la República copias certificadas de las declaraciones juradas patrimoniales del senador González Daher, de Rubén González Chaves, María Emilia González Daher Chaves, de Pedro Martínez Silva y de Juvencio Pánfilo Torres Noceda, desde el año 2008 hasta la fecha.
El pedido de declaración jurada de bienes fue realizado a la Contraloría General de la República a través del juez penal de garantías Gustavo Amarilla Arnica.
Movimiento de cuentas
La Fiscalía asimismo requirió a la Superintendencia de Bancos que informe si los indagados tienen cuentas bancarias, y en caso de ser así, que detallen los montos de los movimientos de estas cuentas y los bancos afectados a estos movimientos. La intención del Ministerio Público es conocer los desembolsos realizados, los montos, las transferencias realizadas y las fechas de los depósitos.
El fiscal Fernández emplazó por ocho días para que estas instituciones entreguen los informes a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Antecedentes
Fernández intentó allanar el jueves pasado la inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA, ubicada en Luque. Sin embargo, la diligencia fue frustrada porque la comitiva fiscal policial constató que la dirección de la supuesta inmobiliaria era la residencia del cuestionado legislador González Daher, quien abandonó una sesión en el Senado para dirigirse a su domicilio para trabar el allanamiento. Alegó que como legislador tiene fueros y que este privilegio se extiende a su domicilio.
La investigación se inició cuando la Seprelad alertó que la inmobiliaria registraba movimientos sospechosos de montos elevados por más de US$ 10 millones.
La firma Príncipe de Savoia ya había sido relacionada el año pasado con el legislador González Daher, cuando fue sancionada por figurar como propietaria de un edificio de departamentos ubicada en el barrio Ycuá Satî. La suspensión nunca fue acatada por Príncipe de Savoia, que prosiguió con la construcción, pese a haber violado varios artículos del Reglamento General de Construcción.