La medida fue resuelta la semana pasada, en que 32 altos funcionarios, además de 14 selectos asesores, dejarán de marcar doble, es decir, no tendrán la obligación de registrar su entrada y salida a la institución electoral sino podrán hacerlo una sola vez.
La disposición surgió días antes de que la Fiscalía decidiera imputar al miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral Alberto Ramírez Zambonini, además de a cuatro funcionarios supuestamente responsables y a cinco planilleros del órgano electoral.
Bestard adopta la medida “para la obtención de un óptimo funcionamiento”. Así libera a la Secretaría General, a la Secretaría Judicial, al superintendente, los directores generales, a los directores y vicedirectores, así como los miembros del Consejo Electoral. “Así mismo, a aquellos asesores que desempeñan funciones de relevancia dentro y fuera de la institución”. Con la mención el mismo titular del órgano da a entender que los demás asesores no cumplen funciones relevantes.
Los funcionarios “liberados” de marcación que aparecen en la nómina perciben mensualmente altísimos salarios que llegan hasta G. 23.800.000. El resto de los nombrados y contratados están obligados a marcar entrada y salida.
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Así aparecen el director del Registro Electoral, Lidio Franco (ANR), y la vicedirectora Mirtha Vergara de Franco (PLRA). Si bien los miembros del Consejo Electoral perciben salarios como contratados, la mayoría no aparece en la nómina de noviembre.
También están exonerados de la doble marcación un grupo importante de directores. Entre los asesores seleccionados se encuentra María Fredesvinda Barrios, exguardia de seguridad y hoy jefa de gabinete de Bestard; su hermano Alejandro, también asesor del titular del órgano. Igualmente Víctor Báez, asesor de Ramírez.