El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) fue contratado en junio de 2016 por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para actualizar el sistema de gestión tributaria “Marangatu”. El organismo recibió un contrato por US$ 3 millones luego de “ganar” un pliego de bases y condiciones que ellos mismos redactaron.
Es decir, el CIAT fue juez y parte en el proceso de licitación que le permitió hacerse con un millonario contrato. Todo gracias a Marta González, quien en ese momento era viceministra de Tributación y directiva del organismo.
Información privilegiada
El llamado a licitación para la actualización del sistema Marangatu fue lanzado en abril de 2016. Poco después de la publicación, empresas paraguayas presentaron protestas debido a que el proceso se realizaba por la vía de la excepción y porque notaron que el pliego de bases y condiciones podía estar direccionado.
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La Unidad Operativa de Contrataciones de la SET respondió las protestas a través de su dictamen 1/2016.
En el descargo, la institución señalaba que un consultor fue convocado para evaluar la situación del momento por “haber participado desde los inicios del Sistema Marangatu”. Además, al consultor se le solicitó valorar e identificar los problemas del sistema y realizar las recomendaciones de acciones a llevar a cabo.
Del estudio y recomendación del “consultor” surgió llamado que hablaba de urgencia e impostergabilidad.
Según se desprende del documento interno de la SET, ese consultor formaba parte del CIAT. El mismo organismo que apenas dos meses después, en junio de 2016, firmaba ya un contrato por más de G. 20.000 millones (unos US$ 3 millones) para actualizar el sistema Marangatu.
Es decir, el CIAT contó con información privilegiada. Además, la entonces viceministra Tributación, Marta González, era además miembro del consejo directivo del organismo que la terminaría eligiendo presidenta un año después de firmar el millonario contrato.
Además, pliego a medida
Los encargados de redactar el llamado a licitación para la actualización del sistema Marangatu fueron los funcionarios Luis Corvalán (director de tecnología) y Roberto Castillo (director de asistencia). Ambos siguen ocupando cargos de confianza con la administración actual.
Como si la información privilegiada no hubiera sido suficiente, el pliego también estaba hecho a medida del CIAT.
En el llamado, la SET solicitaba “un equipo integrado y sólido, con los conocimientos suficientes en el sistema actual”.
El CIAT monopolizó desde el 2006 todo lo referente al diseño y la reingeniería del sistema de gestión tributaria. El organismo fue el que inició el Marangatu en 2006 y se encargó de los mayores ajustes realizados al mismo en 2010 y 2013. Es decir, era el único que contaba con los requerimientos exigidos por la SET para esa convocatoria.
A pesar de las protestas planteadas, Contrataciones Públicas, entonces bajo la administración de Santiago Jure, permitió que el llamado prosiguiera.
Todo con el visto bueno del entonces ministro de Hacienda, Santiago Peña.
Violaciones a varias leyes
El llamado a licitación que favoreció al CIAT habría sido llevado adelante violando varias disposiciones legales. La Ley 2051 de Contrataciones Públicas prohíbe que quienes formaron parte de la redacción de los pliegos de bases y condiciones de los llamados a licitación compitan en los mismos.
Además, la Ley 2523 que sanciona el tráfico de influencias, castiga a los funcionarios públicos que se vinculen –laboral o societariamente– con la persona física o jurídica que haya terminado siendo beneficiada con contratos por la entidad en la que prestó servicios.
juan.lezcano@abc.com.py