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La lluvia de ayer en la capital departamental no impidió que desde las 10:00 de la mañana empiece la Expo Corrupción en la Plaza de la Paz, ubicada frente a la Municipalidad. Allí se montaron varios toldos y mesas, donde se exhibieron documentos y los motivos que fundamentan el pedido ciudadano de intervención de la comuna.
“Mucha gente se acercó para saber cuáles son los motivos por los que queremos que la Municipalidad sea intervenida”, manifestó Karina Cabrera, de la agrupación Unidos por CDE.
Además estuvieron miembros de la organización CDE Transparente, el grupo Escrache CDE, que desde hace 25 días se manifiesta en inmediaciones de la casa de la familia Zacarías. También participaron referentes de la Asociación de Trabajadores y Comerciantes Independientes (Atraci), del partido Patria Querida, Cruzada Nacional, seguidores del diputado Ulises Quintana, entre otros. Acompañaron también autoridades como la senadora Nani Arrúa (PQ), la concejal departamental Sandra Miranda (PQ) y el diputado Jorge Brítez (Cruzada Nacional).
Luego de la Expo hubo una marcha. Al son de la emblemática canción de Patria Querida y gritando “Zacarías mondaha”, “Fuera, Malandra”, “Zacarías a Tacumbú”, los manifestantes marcharon por la avenida Pioneros del Este hasta la rotonda Oasis y luego regresaron frente a la Municipalidad. La Policía Nacional montó guardia frente a la institución y hubo vallas de seguridad. Detrás de los portones, una persona filmaba la marcha y observaban funcionarios municipales, entre ellos el cuestionado exdirector de Tránsito, Carlos Florenciáñez.
“Se ve que la gente realmente está cansada. A pesar de la inclemencia del tiempo estamos acá reclamando nuestros derechos. Nosotros estamos representando a los que no pueden salir a gritar porque están siendo perseguidos, están siendo amenazados. En nombre de esas personas estamos acá luchando”, señaló Karina Cabrera.
Los organizadores resolvieron convocar a una nueva medida de fuerza para el domingo 23 de septiembre. Afirmaron que continuarán las manifestaciones hasta lograr que los concejales de Ciudad del Este voten por la intervención o que la Contraloría General de la República audite la administración comunal, que hace 17 años está en poder de la familia Zacarías Irún.