Fernández Lippmann debe explicar a fiscala de dónde sacó tanto dinero

Fernández Lippmann está con prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú por dicho proceso. Tiene también una causa con el exsenador Óscar González Daher y otros implicados en las grabaciones que revelaron aprietes y negociados en el JEM, desde dónde se cometía tráfico de influencias, cohecho pasivo (coima), extorsión, soborno y otros delitos.

Este viernes debe comparecer en la Unidad de Delitos Económicos ante la fiscala Victoria Acuña, quien lo citó a declaración indagatoria. Según dicha investigadora, el polémico exsecretario fue incorporado en el Jurado el 1 de enero de 2009 y en 2016 percibía en total G. 21.534.073. En el 2017, Fernández Lippman tenía un salario global de unos G. 25 millones, por el cargo de director general.

Fueron detectadas cuentas a su nombre en el Banco Familiar con depósitos que varían de G. 91 millones a G. 197 millones, en un periodo de enero a octubre de 2017. En esta misma entidad se registraron depósitos de casi G. 10 millones a cerca de G. 19 millones, siempre en el mismo periodo de tiempo.

El escrito fiscal también señala que Fernández tiene cajas de ahorro a la vista en dólares americanos y tarjetas de crédito Master Card y Master Card Gold. Realizó operaciones de compra de divisas que van desde los US$ 150 a US$ 24.000.

Asimismo, tiene depósitos a la vista en el Banco Itaú, con sumas que varían de G. 8 millones a G. 50 millones, entre los meses de enero a octubre de 2017. Además, es propietario de dos vehículos, uno de la marca Mercedes Benz C230, año 1999 y un Toyota Corolla fabricado en 2014. 

De esta forma, el Ministerio Público atribuye a Fernández varias cuentas bancarias en las que se encontrarían depositadas sumas de dinero cuyos montos superarían ampliamente sus posibilidades económicas conforme se ha observado en sus ingresos genuinos.

Coimputado

También este viernes, a las 9:00, debe comparecer Cristian Manuel León Guimaraes, procesado con Fernández Lippmann por enriquecimiento ilícito en la función pública y tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La fiscala Victoria Acuña solicitó al juez Gustavo Amarilla que decrete la prisión preventiva porque los hechos son considerados crímenes y porque el procesado no se ha sometido a los mandatos de la justicia.