La Municipalidad de Asunción administrada por Mario Ferreiro (AP), presentó ante la Fiscalía una denuncia contra persona innominada por la comisión de los supuestos delitos de “destrucción o daño a documentos y señales”, que pudieron haberse cometido en la apelación de la condena por la que un tribunal arbitral ordenó a la Municipalidad de Asunción a pagar G. 18.975.014.366 (US$ 3,6 millones) por supuesto incumplimiento de contrato.
En su escrito, bajo patrocinio del abogado Osvaldo Granada, el jefe comunal vuelve a insistir en que la Municipalidad realizó en tiempo y forma el pedido de nulidad ante el Tribunal de Apelaciones.
Solicita a la Fiscalía que investigue al Poder Judicial, que ya descartó que el abogado de la Municipalidad y hoy flamante contralor general Enrique García, haya realizado realmente la presentación.
Pide, entre otras cosas, que se realice la correspondiente pericia caligráfica de los funcionarios asignados a la Primera Sala de la Cámara de Apelaciones (secretarios, asistentes, mesa de entrada, auxiliares, relatores, asistentes de camaristas); y también pidió investigar a los funcionarios de la Comuna que tuvieron participación.
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Solicita pericia de los sellos que se encuentran insertos en el escrito de acuse si corresponde al mismo utilizado en la Cámara.
Con esto, el jefe comunal pone en duda los informes emanados tanto de la Coordinación de Mesa de Entrada de la Cámara de Apelaciones como del Tribunal, Primera Sala, que coincidieron en señalar que ni en la fecha que indica la Municipalidad –6 de octubre– ni en días posteriores, se presentó en dicha instancia el pedido de nulidad del laudo arbitral.
La actuaria de la primera sala, Viviana Cabrera –encargada de recibir los documentos que llegan a esta instancia– informó oficialmente que la firma y el sello que aparece al pie del escrito que la Municipalidad presenta como válido como acuse de recibo, no le pertenece. Mientras la Coordinadora de Mesa de entrada Martha Machuca aseguró también que la presentación no se hizo.
¿Un chivo expiatorio?
Así como están las cosas, todo apunta a que finalmente la responsabilidad de la no presentación del pedido de nulidad recaerá en el funcionario de la asesoría jurídica Rodolfo Duarte, cuyo nombre Ferreiro incluyó en su denuncia ante el Ministerio Público, mientras el principal responsable, el hoy flamante contralor Enrique García, quedaría sin culpa.
Esto pese a que desde un principio se habló de una presunta repartija de dinero entre García y los abogados de Ivesur.
Comisión especial
La Comisión especial conformada en la Junta Municipal para investigar el caso Ivesur escuchó ayer el descargo del abogado Julio González, cuya firma, junto con la de J. Enrique García, aparece al pie de la supuesta apelación realizada ante el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala.
El coordinador del grupo, el concejal Carlos Arregui manifestó a nuestro diario que todo indica que la presentación no se hizo y se estará ante la comisión de delito como ser la falsificación de documento público.