La denuncia del FG fue presentada a la fiscala Soledad Machuca, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. De esta manera, se abre un nuevo frente desde el Senado en contra de los principales miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE): Jaime Bestard (ANR, cartista), Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) y María E. Wapenka (PRF).
Los tres ya fueron “blanqueados” por supuesto cobro indebido de viáticos de viajes fantasmas y otros posibles delitos, siendo fiscal general Javier Díaz Verón, actualmente preso e imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. Ahora la Cámara de Diputados ya prepara el libelo acusatorio contra los tres magistrados para removerlos por la vía del juicio político por presunto prevaricato porque, sin tener competencia, aprobó la renuncia de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod (ANR, cartista), e incluso convocó a elecciones municipales para 2019.
Supuesto negociado
En su acusación, el FG señala que el TSJE se niega a entregar títulos de propiedad y contrato de inmuebles alquilados por licitación a Naisal Negocios Inmobiliarios SA, cuyo representante legal es Ismael Hadid Florentín, en situaciones sospechosas.
Dicha empresa en julio de 2014 ganó su primera licitación con el TSJE por G. 4.280 millones por el alquiler de 220 locales durante seis meses. Esta empresa ganó esta licitación luego de anularse un presunto negociado anterior de “alquileres de oro”, con otras empresas, por el que casi someten a juicio político a Ramírez Zambonini, entonces titular del ente, quien ha “sobrevivido” a numerosas amenazas similares.
Según Contrataciones Públicas, Naisal cobró además G. 6.688 millones en 2015, G. 1.236 millones en 2016, G. 10.146 millones en 2017 (23 meses) y G. 1.219 millones en 2018. En varias ocasiones se descubrió que antes y después de Naisal, el TSJE usaba intermediarios para alquilar a altos costos propiedades de sus propios funcionarios. La Fiscalía desestimó estas denuncias.
Rechazan denuncia
Ismael Hadid Florentín, representante legal de la firma, declaró ayer a ABC Color que la empresa está en regla y que la cuestión ya fue discutida con el FG. Agregó que incluso Contrataciones Públicas auditó las licitaciones, y dijo que sospecha que este “ataque” también podría venir del exaccionista de la firma Javier Bernardes.
El FG denuncia que el TSJE causó un daño patrimonial por pagar alquileres en lugar de firmar convenios con otros entes. Igualmente, dice que inmuebles de las FF.AA. arrendados a Naisal por G. 11 millones en 2018, eran alquilados por Naisal al TSJE por G. 28 millones en 2014, y por G. 13 millones en 2018, lo que califican como una intermediación abusiva.