Hadid Florentín afirmó que con el retraso en el pago de alquileres su empresa ha sufrido un daño financiero, por el enorme atraso que tiene el Estado en el pago de alquileres de todos los locales a la Justicia Electoral. Habló de una deuda aproximada de G. 2.400.000.000.

Indicó que cumplen estrictamente el contrato firmado con la Justicia Electoral, pero con los propietarios de los locales están en deuda por el retraso de casi siete meses. Mencionó que en el órgano electoral les explican que Hacienda no les libera la plata.

Añadió que Naisal paga mes a mes el agua y la corriente eléctrica de los tribunales y los juzgados. Indicó que ellos son responsables ante los propietarios de los locales alquilados por la empresa. “No queremos que surja un desalojo masivo donde quedarían un número importante de funcionarios en la calle, sin cobrar su dinero y sin tener oficinas a nivel nacional”, dijo Hadid.

Exigió el cumplimiento del contrato y dijo que quizás en años electorales queden sin juzgados, tribunales y registros. También mencionó que ya han recibido intimaciones de pago por parte de los propietarios de locales.

Naisal fue adjudicada por la Justicia Electoral por tres años por un valor anual de G. 6.600.000.000. Este año le redujeron G. 200 millones. El año pasado el titular de la Justicia Electoral ordenó el traslado de 32 locales, según Hadid, lo que implicó un mayor costo para la empresa porque pedían más confort y capacidad. Precisamente el año pasado saltaron los escándalos casos de planillerismo en la institución donde funcionarios nunca antes vistos empezaron a aparecer en los lugares donde estaban asignados. El asesor jurídico de la empresa, Julio Alarcón, dijo que no descartan presentar una demanda contra el Estado por incumplimiento de contrato.

Refutó la supuesta sobrefacturación en alquileres y dijo que su empresa no puede alzar los precios porque la propia Justicia Electoral se encarga de ello como estipulan en el pliego de bases y condiciones que realizan.