Fiscal dice que no hubo delito en gestión de senadores con ministros

El fiscal general de la República Oscar Latorre dijo que a su criterio no hubo delito en las conversaciones telefónicas hechas públicas entre senadores y ministros de la Corte, en las que se referían a destitución y nombramiento de magistrados. Apuntó que de hecho no se podía tomar como evidencia el producto de esos ‘‘fonopinchazos’’ por ser obtenidos en forma ilegal.

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Latorre apuntó que a su juicio ‘‘no se desprende ningún hecho ilícito’’ de las conversaciones telefónicas grabadas entre senadores y miembros de la Corte. Consultado si es normal que senadores o políticos llamen a magistrados para darles su criterio sobre algunos casos judiciales concretos, el fiscal general dijo: ‘‘Honestamente, yo creo que ese es un mal endémico que nos afecta a todos’’. Indicó que tanto miembros del Parlamento, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y el público en general se creen con derecho a meterse en la labor de la justicia.

Apuntó que el problema no es de los que llaman sino de aquellos que se dejan presionar o influenciar.

En cuanto al hecho de que en las conversaciones que se hicieron públicas los ministros de la Corte concordaban con los senadores en sus pedidos, Latorre dijo que lo que se debe ver es el resultado final y cuál fue la decisión realmente tomada con posterioridad por los magistrados.

Consultado si a él también lo llaman los políticos por algún caso, dijo: ‘‘Pero, claro, todo el mundo llama a preguntar cuando se produce una intervención, por qué se hizo, cuál fue el resultado’’. Sin embargo, insistió en que si alguien llama y él cede a un pedido irregular, el ‘‘pecador’’ es él.

Sobre el hecho de que hayan sido senadores quienes llaman y no gente común, dijo que habría que ver en qué términos fue la conversación, pero en los casos en cuestión apuntó no se puede siquiera analizar el contenido por una cuestión de invalidez de pruebas.

En ese sentido, dijo que las escuchas se deben hacer en todo caso de acuerdo a lo que marca el código de procedimientos para poder ser presentadas como evidencia.

Admitió que con estos casos se puso de manifiesto que existe interés político de influenciar en algunos casos judiciales, pero que se produzca o no el efecto se debe ver en cada caso concreto.
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