El fiscal general de la República Oscar Latorre dijo que a su criterio no hubo delito en las conversaciones telefónicas hechas públicas entre senadores y ministros de la Corte, en las que se referían a destitución y nombramiento de magistrados. Apuntó que de hecho no se podía tomar como evidencia el producto de esos ‘‘fonopinchazos’’ por ser obtenidos en forma ilegal.