Fiscal imputa por cinco delitos y ordena captura en el caso Pindó

La fiscalía imputó ayer por cinco delitos y pidió la detención de tres personas que fueron reconocidas como supuestamente implicadas en el ataque a la estancia Pindó, ubicada en el departamento de Canindeyú. El hecho ocurrió el pasado 28 de marzo. Se tomaron como base las declaraciones de tres guardias, que fueron testigos del ataque perpetrado.

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Los imputados por el Ministerio Público son Benigno Coronel González, Milciades Coronel Ortiz y Epifanio Giménez Coronel.

El fiscal Cristian Roig presentó imputación por robo agravado, asociación criminal, coacción grave, amenaza de hechos punibles y producción de riesgos comunes.

La imputación fue presentada ante el juez de garantía Carlos Martínez.

Además, el fiscal ordenó la captura de las tres personas que están sindicadas de haber encabezado el ataque armado perpetrado contra la estancia Pindó.

La imputación refiere que durante el ataque fueron quemadas varias viviendas, además de un depósito y una camioneta.

Refiere que conforme a las denuncias también se sustrajeron armas de fuego y dinero en efectivo.

Roig dispuso las imputaciones luego de escuchar las declaraciones testificales de los guardias Nazario Portelli, Juan Villasanti y Humberto Riveros.

Los tres identificaron a los supuestos agresores, y según dijeron, los mismos actuaron en todo momento a cara descubierta.

Los testigos declararon que fueron tomados de sorpresa por cerca de un centenar de campesinos y agregaron en el marco de sus declaraciones que vieron que los atacantes portaban armas y banderas de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).

Los testigos fueron traídos hasta Asunción para realizar las comparaciones de fotografías con las que tiene el departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.

De acuerdo a los informes de nuestra corresponsalía, la estancia Pindó, de 5.000 hectáreas, es propiedad de Rainer María Bendlin Beyersdorff, del Grupo Perfecta SA.

Los “sintierras” se afincaron en el lugar desde hace tiempo y, según las denuncias, están vendiendo madera de una reserva boscosa de 3.000 hectáreas de las casi 5.000 hectáreas con que cuenta el establecimiento.

El ataque se perpetró en el casco principal de la estancia “Ganadera Pindó SA”, en la colonia Naranjito, Canindeyú.

Las pérdidas se estiman en unos 500.000 dólares, conforme a los responsables de la estancia.

El fiscal interviniente manifestó su sospecha de que el grupo que actuó en el taque podría recibir entrenamiento de instructores extranjeros, cuestión que también es indagada por el Ministerio Público.

Declaración de guardias

Los custodios que declararon ante la fiscalía fueron Nazario Portelli, jefe de seguridad de la estancia, y los guardias Juan Villasanti, Heriberto González y Rodrigo Riveros.

Portelli y González dijeron al fiscal Cristian Roig que los atacantes, quienes estaban fuertemente armados, los amenazaron de muerte.

Remarcaron que varios de los atacantes tenían la cara tapada con máscaras, mientras que otros actuaron a cara descubierta.

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