El agente explicó que la denuncia por supuesta lesión de confianza ingresó en su Unidad el pasado 13 de febrero y abarca administraciones de los exgobernadores Tomás Montiel y Carlos Silva, padre del actual diputado por Ñeembucú Carlos Enrique Silva (PLRA).
Las irregularidades fueron encontradas en un examen de correspondencia de la Contraloría General, que remitió su dictamen al Ministerio Público el 29 de noviembre del año pasado.
Tras el análisis de correspondencia, se designó a Guerrero para la investigación de un presunto desvío de G. 727 millones del rubro de construcciones, con fondos provenientes de Fonacide, royalties y compensaciones.
En total, unos G. 3.700 millones fueron utilizados para construcciones y refacciones de escuelas en ocho localidades de Ñeembucú, y en menor medida para obras en juzgados y oficinas públicas.
La Contraloría indicó que algunas obras fueron pagadas y no realizadas, y otras, pagadas en su totalidad y sin terminar.
El fiscal Leonardi Guerrero explicó que incautó rendiciones de cuentas relativas al año 2013 y ejecuciones de 2014, que ahora pasará a analizar.