En su imputación, el citado agente fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción indicó que García simplemente se limitó a encomendar la tarea de presentar un escrito de nulidad del laudo arbitral el último día de plazo, a un auxiliar de la asesoría jurídica que estaba a su cargo.
Sin embargo, la no presentación de la apelación le atribuyó al funcionario subalterno de asesoría jurídica, el también imputado Rodolfo Duarte.
Al contralor general y al tercer imputado Julio González Giménez, les adjudicó penalmente haber utilizado un documento no auténtico debido a que existen sospechas de que contenía un cargo de recepción que no provino de ningún funcionario del Tribunal de Apelaciones.
Según la imputación, el 6 de octubre de 2016 el entonces director jurídico de la Municipalidad de Asunción, Enrique García, habría dejado a cargo del funcionario inferior la presentación de la apelación.
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Se agrega que García, al percatarse de que el sello y la firma pertenecían a funcionarios de la Primera Sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y no a la Quinta Sala que era donde debió haberse presentado, cinco días después, el 11 de octubre de 2016 envió al mismo auxiliar (Rodolfo Duarte) para presentar un pedido de acumulación de causa en esa sala.
Debido a esta situación, la actuaria de la Quinta Sala solicitó informe a la Primera Sala sobre el supuesto recurso de nulidad planteado y la contestación fue negativa, debido a que ni en ese lugar ni en ninguna otra sala del Tribunal de Apelación del fuero Civil y Comercial se encontró el escrito.
Las irregularidades fueron corroboradas con pericias caligráficas a 21 funcionarios de distintas salas del Tribunal de Apelación, y se concluyó la adulteración de firma y sello de la supuesta apelación de la Comuna.
Senador habló con Fernández
En un audio filtrado en enero último, el senador de Avancemos País Adolfo Ferreiro (quiere ser reelegido) conversó con el entonces secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippmann (detenido), sobre la situación jurídica del contralor Enrique García (ahora imputado por no apelar el fallo sobre Ivesur).
En su defensa el legislador opositor aseguró que solo “averiguaba” y alegó que “lo que hice lo hace todo el mundo cuando tiene un problema jurídico”.