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A través de una presentación radicada en horas la mañana, Martínez Alfonso solicita la nulidad de la sentencia dictada por la jueza Gorostiaga e insiste en la legalidad de la medida restrictiva de libertad dispuesta contra la Tte. Quinteros.
En este sentido, destaca que la resolución correspondiente, dictada el 10 de mayo último por el juez de primera instancia militar del 3er. turno, “recayó dentro del marco de un proceso penal militar, el referido juez es competente para ello y a su criterio, se encuentran reunidos los requisitos legales establecidos en el artículo 180 del Código de Procedimientos Penal Militar (...)”.
El fiscal militar precisa que la Tte. de Fragata está procesada por un delito y faltas de carácter militar y que a raíz de la apelación presentada por la defensa, ahora será objeto de revisión ante la Suprema Corte de Justicia Militar. En estas condiciones, a su criterio no corresponde la intervención de la justicia ordinaria.
“En el estamento castrense se manejan ciertos valores, muchas veces sin trascendencia en otros ámbitos: en dicho contexto, la disciplina, base y sustento de todo instituto armado, es la piedra angular sobre la que descansa las Fuerzas Armadas. La obediencia y subordinación constituyen la esencia de la disciplina militar misma, elemento sin el cual nada se logra en las organizaciones castrenses”, argumenta Martínez Alfonso.
El defensor del pueblo Miguel Godoy, estuvo ayer en tribunales para interiorizarse de la apelación. Godoy destacó que la sentencia de la jueza Gorostiaga tuvo en cuenta criterios constitucionales y que hacen a derechos universales, por lo que se actuó conforme a derecho y espera su ratificación en instancias superiores.