Según el fiscal especializado en la Lucha Contra el Narcotráfico en la ciudad de Curuguaty, el juez Martínez debe sacar una resolución y remitir a Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, luego a Relaciones Exteriores y finalmente a la justicia brasileña, previa traducción en portugués.
Será la Justicia del vecino país la que deberá autorizar la extradición, y así poder ser juzgado por narcotráfico, explicó el representante del Ministerio Público.
El exintendente colorado está imputado por este delito, según señaló.
“La fiscalía está presentando ante el juez de Curuguaty la extensión de extradición del ciudadano Vilmar Acosta Marques, a fin de que sea procesado por el hecho punible de trasgresión a la Ley 1340, como es de conocimiento público el raíz del homicidio (del periodista de ABC color Pablo Medina y Antonia Almada) hoy día ya está procesado como presunto autor moral”, explicó el fiscal.
Agregó que “el 22 de octubre de 2014 en prosecución a la investigación de la causa Fermín Ponciano Ramoa (sicario) se ha allanado su estancia “Dos Naciones”, ubicada en Ypejhú, en donde se encontró tres toneladas de marihuana entre picada y prensada, además de elementos para el procesamiento de la droga, Acosta Marques está con rebeldía en este caso, por lo que el plazo no corre, ya depende del juez”, refirió el fiscal Rodríguez Barreto.
Protegido de Cristina Villalba
Por último, el fiscal dijo que ni bien la justicia brasileña autorice la extradición de Neneco comenzarán las investigaciones y seguirán hasta ir a juicio oral y público.
Vilmar Acosta es protegido por la diputada colorada Cristina Villalba de Abente, conocida como la “La Reina del Norte”, a quien Neneco le había llamado luego de que el periodista Pablo Medina haya sido acribillado en Villa Ygatimí el 16 de octubre de 2014, junto con Antonia Almada.
El exintendente de Ypejhú, preso en Tacumbú está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista de ABC Color Pablo Medina y Antonia Almada, por lo que irá a juicio oral y público, con una condena que puede alcanzar la pena máxima de 30 años, más medida de seguridad.