“Lo grave de esto es que si esto fue un montaje, como estuvimos viendo, de un autosecuestro por parte de ellos y que luego puedan tomar esta cantidad de dinero como indemnización, sentaría un grave precedente de que otros grupos organizados o delincuentes pudieran fingir o simular, estaríamos con sentencias de la Corte que estarían avalando un desfalco a los Estados”, expresó Merlo a la agencia Sputnik News, según reportó la estatal IP Paraguay.

El fiscal aludió a la demanda que entablaron Arrom y Martí ante la Corte IDH por tortura y secuestro, reclamando una indemnización de 63 millones de dólares, de acuerdo a datos oficiales.

Merlo recordó la implicancia de Arrom y Martí en el secuestro de María Bordón de Debernardi en el 2001, la fuga al Brasil, la investigación que el Estado paraguayo realizó sobre el supuesto secuestro y tortura que ambos alegan ser supuestas víctimas.

“Se realizó una extensa investigación que dejó en claro que las personas a las que ellos sindicaban (como sus secuestradores), coincidentemente eran los policías que estaban investigándoles a ellos por el secuestro de Bordón”, manifestó.

También recalcó que el Estado paraguayo está en puertas de una audiencia oral ante la Corte IDH en Costa Rica en la cual solamente admitieron a uno de los testigos (el exfiscal general Óscar Germán Latorre) para estar presente en esa audiencia.

Merlo señaló que el Estado paraguayo solicita en estos momentos que se admita por lo menos a cinco testigos para ejercer su defensa y exponer su defensa en el caso.