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A su vez, imputó a la escribana Marta Lilian Roa de Vargas, quien intervino en el proceso de transferencia y a Arnaldo Jara, administrador de la referida firma y contador de Unace. En horas de la tarde fue allanada la escribanía en donde se encontraban los documentos referentes al caso.
La fiscala pide la apertura de un proceso penal por lesión de confianza y estafa para Jara.
La imputación da cuenta de que el pasado 27 de marzo de 2013, Jara, en su carácter de administrador de la empresa San Agustín SA, endosó un cheque por la suma de G. 46.884.846.163, emitido a la orden de la firma pagado por el Indert y lo depositó en el banco Visión.
La fiscalía hace notar que Jara tenía la obligación de depositar este cheque en una cuenta judicial a nombre del juicio y a la orden del juzgado, debido a que había sido designado administrador judicial provisional de la firma San Agustín, conforme a la resolución judicial del 18 de noviembre de 2011 que otorga la medida cautelar solicitada de Administrador Judicial Provisional.
“Asimismo, según consta en la Escritura Pública Nº 103 de transferencia de inmueble otorgada por la firma empresa San Agustín Sociedad Anónima e Industrial a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) del 28 de febrero de 2013. Arnaldo Jara ha declarado que la firma San Agustín podía disponer libremente de sus bienes y en atención a ello vende y transfiere al Indert dos inmuebles, uno del distrito de Tobatí y el otro de distrito de Atyrá”, dice la imputación.
Sin embargo, esta declaración acerca de estos hechos fue falsa, dice la Fiscalía Anticorrupción.
“Vale decir, que no corresponde con la realidad, puesto que según consta en el informe de Registros Públicos, al momento de la transferencia, la firma San Agustín SA contaba con medidas de prohibición de innovar y prohibición de contratar inscriptas en la sección comercio de los Registros Públicos”, refiere el acta de la Fiscalía.
Criscioni señala que basado en esta declaración se indujo a Luis Ortigoza, titular del Indert a desembolsar G. 60.294.298.050, en concepto de adquisición de las tierras.
La fiscala también imputó a la notaria interviniente por estafa y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
“Con relación a la escribana Marta Lilian Roa de Vargas, el 28 de febrero de 2013 ha consignado en la Escritura Pública Nº 103 de transferencia de inmueble otorgada por la empresa San Agustín SA a favor del Indert, que la vendedora no posee restricción alguna, según los certificados solicitados, lo cual no corresponde con la realidad, ya que existe, una prohibición vigente de innovar y prohibición de contratar inscriptas en la sección Comercio de los Registros Públicos, por lo tanto es un hecho falso con relevancia en las relaciones jurídicas”.
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción requirió al juez Fernández como medida de urgencia el embargo de la cuenta corriente 900317204 del banco Visión, en la que se encontraría el dinero. Es para precautelar la plata que desembolsó el Estado.
El abogado Álvaro Arias se mostró sorprendido cuando se enteró a través de la prensa que su clienta, la escribana Martha Roa, había sido imputada.
“La fiscala estuvo allí con nosotros y en ningún momento comunicó esa situación”, refirió al explicar que durante el allanamiento la representante del Ministerio Público no se refirió al pedido de proceso.
Arias señaló que la escribana fue nombrada por el Indert para hacer esta operación y que lo único que hizo fue informar sobre lo reportado por la Dirección de Registros Públicos que no comunicó ninguna restricción. Durante el allanamiento estuvieron presentes además los abogados Marcial Bordas (asesor del senador Jorge Oviedo Matto) y Raúl Breuer.