Los funcionarios imputados por la representante del Ministerio Público son Hugo Secundino Caballero Medina, Tito Filemón Rolón Otazú, Nadia Espinoza Pintasilgo, Mabel Ovelar Bazán, Gustavo Alejandro Bogarín Morel, Diego Fernando Zelaya Cabral y Patricia Concepción Salinas Mariño.

La nómina sigue con Alberto Giménez Ortega, Gricelda del Pilar Cañete, Andrés Guillermo Gill Frescura, Diego Estiven Aquino Romero, Porfiria Petronila Noguera Saldívar, María Cristina Bogarín Aquino, y Julio Constantino Espínola.

También fueron imputados Fabio Octaciano Araújo, Óscar Manuel Garay Pereira, Elina Concepción Sosa, Rolando Núñez Escobar y Jorge Manuel Gosling Piris.

Todas esas personas protagonizaron disturbios en la mañana del martes 1 de marzo en el patio del pasillo situado frente a la oficina de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores, según la denuncia que sirvió para la elaboración del acta de imputación.

Los manifestantes impidieron a la licenciada Miriam Arroquia ingresar al recinto de su oficina y asumir ese día como nueva directora de Recursos Humanos de la Cámara Alta, indica al escrito de la agente fiscal.

Según el escrito de imputación, durante los disturbios, los manifestantes habrían procedido al bloqueo de la puerta de acceso, formando una suerte de cadena humana y utilizando la fuerza para resistir el acceso a la oficina de la dependencia mencionada, de la directora designada.

Ya al filo del mediodía del martes 1 de marzo, la licenciada Mirian Arroquia logró ingresar a la oficina y asumir su cargo con ayuda de agentes policiales en momentos en que varios de los manifestantes se interpusieron y agredieron verbal y físicamente a los uniformados de la Policía Nacional, indica la imputación.

En declaraciones a periodistas, la fiscala Morys dijo que no se había presentado en el sitio para impedir la manifestación porque el Ministerio Público carece de atribuciones para ello.

Indicó haberse constituido en el lugar ante denuncias que recibió su fiscalía sobre los disturbios, situación que le obligó a abrir una carpeta fiscal de investigación.

En su imputación, la fiscala Morys pidió para los imputados medidas alternativas a la prisión preventiva y comparecencia ante el Juzgado para firmar el libro de encausados.