La investigación abierta por producción de documento público de contenido falso fue ampliada para incluir la posible comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, apropiación indebida y asociación criminal.
La agente del Ministerio Público incluyó en la carpeta fiscal la denuncia que presentó Marta María Coronel Rojas Vda. de Cartes, quien invocó su carácter de contribuyente de la Municipalidad de Asunción y pidió que se indague el perjuicio patrimonial que se causó a la Comuna, así como apropiación y asociación criminal.
“Seguiré aportando más datos y pedidos de diligencias para coadyuvar en la presente investigación como denunciante y asuncena, víctima de este hecho con consecuencias sin precedentes para el patrimonio de la Municipalidad de Asunción”, señaló la mujer en una parte de su escrito de denuncia.
Conducta omisiva
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Lo que investiga la fiscala Portillo es la lesión de confianza, mediante la conducta omisiva de los funcionarios de la Comuna, que no cumplieron con su obligación legal de apelar el fallo del Tribunal Arbitral.
Esta grave negligencia le va a costar a la Municipalidad unos US$ 3,6 millones, que deben ser abonados a la empresa Ivesur, que ganó la demanda, supuestamente mediante la connivencia de García con los abogados de la firma, Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia.
El hecho punible de lesión de confianza tiene una pena de hasta diez años de cárcel, en los casos graves, según nuestro Código Penal.
Por otro lado, la Junta Municipal también resolvió enviar a la Fiscalía la investigación que realizó una comisión que determinó que la Dirección Jurídica no apeló el fallo condenatorio y dejó en total indefensión a la Comuna de Asunción.
Las diferentes dependencias del Poder Judicial confirmaron que no se recurrió la sentencia del tribunal arbitral. Incluso se habría producido documento falso para justificar la presentación.
No identificó a funcionario
El funcionario de la asesoría jurídica de la Comuna, Rodolfo Duarte, dice que supuestamente presentó la apelación ante el Tribunal de Apelación Civil, Primera Sala. Sin embargo, no pudo identificar a ningún funcionario de la dicha dependencia, según las averiguaciones realizadas en una dependencia de la Superintendencia de la Corte.
Se le exhibió los legajos de todos los funcionarios, pero Duarte no identificó a nadie. Solo dijo que el que recibió la apelación era de sexo masculino.