Fiscala mintió en la audiencia pública donde prometió dejar auditar gestión

Sandra Quiñónez había prometido en la audiencia pública para el cargo de fiscal general, que si era titular del Ministerio Público dejaría que la Contraloría audite su gestión. Sin embargo, se olvidó de lo que dijo y ahora recurrió a la Corte para eludir al órgano contralor.

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El 5 de mayo de 2017, Quiñónez afirmó en la audiencia pública: “Apostemos a la transparencia, no debemos temer a ser controlados. La primera persona en ser controlada debe ser el fiscal general del Estado”.

Aseguró que si llegaba al cargo de fiscal general no iba a impedir que la Contraloría audite su gestión al frente del Ministerio Público. Sin embargo, casi dos años después se olvidó de su promesa y recurrió a la Corte para evitar al órgano contralor.

La acción de Quiñónez es contra la Ley N° 2248/2003, “Que modifica el artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 Código de Organización Judicial”, que priva al Tribunal de Cuentas la competencia para juzgar las rendiciones de cuentas de las ejecuciones del Presupuesto designado a la Fiscalía General.

La titular del Ministerio Público pretende que la Corte le habilite el Tribunal de Cuentas para presentar su rendición ante dicho órgano del Poder Judicial, así como lo hicieron sus antecesores Javier Díaz Verón y Rubén Candia Amarilla. Estos obtenían la aprobación del Tribunal respecto al uso de sus cuentas. Para ello, primero tenían que contar con el dictamen de un fiscal de Cuentas, que es subordinado del fiscal general del Estado y que es imposible que salga en contra de su superior.

En la audiencia pública, a los aspirantes a cargos como Fiscalía General y Corte, los miembros del Consejo de la Magistratura les pregunta si van a permitir una auditoría por parte de la Contraloría y todos responden que sí, aunque luego de asumir el cargo hacen todo lo contrario. Es decir, recurren a la Corte mediante la acción de inconstitucionalidad.

Aclaración 

A través de la Dirección de Comunicaciones, el Ministerio Público informó el viernes que la acción no descarta el control por parte del Tribunal de Cuentas y además el juzgamiento de los actos administrativos, incluso con la potestad de poder determinar la comisión de algún hecho punible.

Independientemente a este recurso, los actos administrativos, así como llamados y procesos licitatorios se encuentran disponibles a través de los mecanismos de comunicación de la institución para acceso a la ciudadanía.

Luego, la fiscalía ya recordó que tiene una imputación contra el contralor general, Enrique García.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Leonardi Guerrero, había imputado por los delitos de producción de documentos y uso de documentos públicos de contenido falso a García. Asimismo, solicitó al Juzgado de Garantías medidas alternativas a la prisión.

El proceso penal obedece a que García, en su carácter de asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, no apeló un fallo arbitral que condenó a la Comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, incluso, se recuerda que el fiscal Guerrero también imputó a Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que García. 

La investigación se inició en el 2016.

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