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Por resolución Nº 189 del 25 de setiembre pasado, “por impertinente e improcedente” Fernández descartó solicitar los registros telefónicos del presidente de la República, Horacio Cartes; de los senadores colorados Juan Darío Monges y Lilian Samaniego, además del exministro del Interior Tadeo Rojas; del actual ministro, Lorenzo Lezcano; y de los allegados al presidente, el empresario tabacalero José Ortiz, el abogado de Yacyretá Luis Canillas y Arnaldo Franco, secretario privado del a Presidencia.
La querella adhesiva había solicitado los registros, teniendo en cuenta que en la pericia del cruce de llamadas del celular de Sotelo fueron confirmadas insistentes comunicaciones entre este, Ortiz y Canillas. También se conoció la ubicación de los celulares a través de las celdas.
Sotelo hablaba desde la Comandancia de la Policía Nacional, mientras que Cartes, Ortiz y Canillas se comunicaban desde Mburuvicha Róga,.
“La circunstancia de que el señor Críspulo Sotelo en su calidad de comandante de las Fuerzas Policiales haya mantenido conversaciones con personas ajenas al estamento policial, no es conducente a acreditar ninguno de los elementos objetivos ni subjetivos. No hace a la prueba y no probará el contenido de dichas comunicaciones”, dice Fernández.
El abogado Guillermo Duarte explicó a ABC que es una práctica forense, que las operadoras comuniquen a la Justicia que solo pueden almacenar hasta seis meses registros de llamadas entrantes y salientes.
Sin embargo, la Justicia puede ordenar que se extienda el tiempo de almacenamiento, indicó.
Los cruces de llamadas se registraron entre el 31 de marzo y 1 de abril.
Diligencias
El abogado Guillermo Duarte anunció que hoy presentarán diligencias preparatorias para intentar evitar que las compañías de telefonías celulares borren los registros de celulares de Horacio Cartes y su entorno, ante la negativa de la fiscala Raquel Fernández de diligenciar la prueba, que llevaría a quien ordenó el ataque a la sede del PLRA.
Ayer, el abogado querellante también denunció a Fernández por frustración de la persecución penal y pidió al juez Humberto Otazú que realice un control judicial del caso.