Fiscala se prestó a maniobra para liberar a amigo de hijo de Díaz Verón

La fiscala Karina Giménez se prestó a una maniobra para liberar al amigo y compañero de facultad de uno de los hijos del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

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El proceso que pasó de robo agravado a robo del barrabrava de Olimpia, Fernando Rubén Ayala Barrios, de 24 años, tiene todas las características de maniobra en altas esferas.

La fiscala Karina Giménez está enjuiciada por cambiar la calificación en un caso de robo agravado ocurrido el 25 de diciembre del año pasado. El hecho se conoce solo porque la agente negoció su impunidad con el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Raúl Fernández, y todo quedó en un audio muy publicitado.

Lo cierto es que en menos de un mes, Ayala Barrios zafó de su causa y de forma muy llamativa.

El procesado es amigo y compañero de Facultad de la carrera de Zootecnia en la Universidad San Carlos de Alejandro Díaz Morínigo, hijo del fiscal general.

Los dos viajaron a Costa Rica el 24 de enero de este año porque fueron becados por su universidad.

La fiscala Casse Giménez había imputado a Fernando Ayala por robo agravado por el robo de un celular donde la víctima (supuesto barrabrava de otro grupo) recibió un culetazo de arma de fuego en la cabeza. El caso no es excarcelable.

Sin embargo, llamativamente Karina ingresó en la causa y cambió la calificación de robo agravado a robo. Con esto se finiquitó el proceso.

Hace pocas semanas Ayala realizó disparos en el lamentable partido de Olimpia en Pedro Juan Caballero, por lo que ahora se lo volvió a imputar y está prófugo.

Consultado sobre el hecho, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón negó siquiera conocer a Fernando como amigo o compañero de facultad de su hijo. “Nunca vino por la casa, no es del grupo de sus amigos”, dijo. También rechazó haber dado instrucciones para cambiar la calificación penal.

Inmobiliaria negó compra

El abogado Federico Dollstadt negó ayer que Abas Inmobiliaria haya adquirido el predio del club Estanzuela por US$ 700 mil. Pero, tanto dirigentes del club afectado como altas fuentes de Fiscalía, tienen a esa firma como la compradora. El caso fue la “moneda de trueque” de la fiscala Karina Giménez, para intentar su impunidad en el Jurado.

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