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Los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera denunciarán hoy ante el juez penal de garantías Humberto Otazú, la frustración de la persecución penal atribuida a Fernández y pedirán al magistrado que realice un control judicial de la etapa preparatoria.
En un escrito, los profesionales explicarán a Otazú que urgieron oficios a las compañías de telefonías celulares, para que estas manden los registros de llamadas del entorno del presidente de la República, Horacio Cartes.
Fue a raíz de que saltaron en el cruce de llamadas del teléfono del excomandante de Policía, comisario Críspulo Sotelo, insistentes comunicaciones entre el mismo y el empresario tabacalero José Ortiz (con quien habló 16 veces) y el abogado de Yacyretá Luis Canillas (quien tuvo 24 comunicaciones con Sotelo), todos del entorno de Cartes.
También se reveló que las comunicaciones se hicieron desde Mburuvichá Roga. Ortiz, por ejemplo, se comunicó con Sotelo 16 minutos antes del ataque, y entre el 31 de marzo y 1 de abril, lo hizo en más ocasiones que el propio Cartes, quien habló con Sotelo en 10 oportunidades.
Los urgimientos para que se oficie a las empresas de telefonías celulares fueron presentados por la querella en fechas 31 de julio, 16 y 31 de agosto y 22 de septiembre, sin que la Fiscalía se expida hasta la fecha.
Las empresas, por su parte, solo guardan los registros por seis meses y el plazo se cumple este viernes 1 de octubre. “Es de extrema gravedad es la falta de realización de las diligencias requeridas, pues las mismas consisten en datos que las empresas de telefonías móviles solo las mantienen en sus servidores por el lapso de 6 meses, plazo que se estaría cumpliendo el 1 de octubre de 2017, por ello perdiéndose datos de vital importancia para esta investigación y por negligencia absoluta del Ministerio Público”, dice Duarte.
Específicamente, la querella solicita registros de 21 números de celulares, y además solicitó oficios a las empresas Las Ventanas S.A., Palermo S.A. y Edivi S.A. para que confirmen números utilizados por Ortiz, Cartes y Canillas, que están a nombre de esas firmas.
Audios se “esfumaron”
La investigación por el atraco a la sede del PLRA, se volvió aún más irregular cuando saltaron que 131 comunicaciones de la frecuencia de radio de la Policía Nacional fueron borradas. Fue en el lapso de 40 minutos, anterior y posterior al ataque ilegal. La querella también denunció la manipulación de la evidencia, sin que el Ministerio Público corrija hasta ahora su negligente actuar.