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Fiscalía abre investigación en caso que salpica al contralor

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
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La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción decidió ayer iniciar una investigación del sonado caso Ivesur que salpica al contralor José Enrique García. El funcionario, siendo abogado de la Municipalidad de Asunción no apeló una condena de 3,6 millones de dólares. Hay fuerte tufo a repartija.

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El Ministerio Público encontró que existen suficientes elementos para iniciar una investigación del proceso en que un tribunal extrajudicial condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar G. 18.975.014.366 (US$ 3,6 millones) a la empresa verificadora de vehículos Ivesur; fallo que la Municipalidad no apeló a tiempo pero intentó convencer a la ciudadanía y al Poder Judicial que sí lo hizo, utilizando documentos apócrifos.

La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Nadine Portillo se encargará de realizar las investigaciones correspondientes. Dos denuncias fueron presentadas en el caso. Una proviene de la Corte Suprema de Justicia a raíz de una denuncia hecha ante el Consejo de Superintendencia por el camarista del fuero civil Marcos Riera Hunter, ante la posible producción y uso de documentos públicos de contenido falso.

Riera Hunter desmintió que la Municipalidad de Asunción haya apelado la condena ante dicha instancia judicial; y la actuaria Viviana Cabrera denunció que su firma fue falsificada y que el sello que aparece al pie del “documento” no pertenece a la sala.

La Municipalidad de Asunción presentó otra denuncia en la que insiste en que su entonces abogado José Enrique García sí realizó la apelación y pide investigar al Poder Judicial. Ambas denuncias pasarán a formar parte de una sola causa.

En el caso se dieron una serie de indicios que fortalecen las sospechas de un feroz negociado y la comisión de delitos.

Todo se inicia en febrero de este año cuando imprevistamente la empresa Ivesur, que había iniciado un pleito con la Municipalidad de Asunción en el 2011, decide elevar de 9 a 12 millones de dólares su pedido de indemnización por supuesto incumplimiento de contrato.

El hasta entonces abogado de la Municipalidad en el caso, Julio Samaniego, respondió calificando la demanda de “estafa procesal” y el intendente Mario Ferreiro decidió abruptamente sacarlo del caso. Dejó a cargo de José Enrique García. Este no solo perdió el pleito, sino en octubre, cuando tuvo la oportunidad de apelar no lo hizo dejando que la condena quede firme.

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