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La fiscala de Delitos Económicos concluyó que Reinaldo Chaparro Penayo cobró indebidamente G. 17.854.160, de julio de 2016 a enero de 2017. Tenía un salario de G. 2.000.000.
En el mismo periodo, Lucio Romero Caballero cobró G. 17.791.660 con el mismo ingreso (G. 2.000.000).
En tanto que Nery Antonio Franco González, en el mismo tiempo, percibió G. 24.000.000, con un salario de G. 3.000.000.
Yolanda Portillo señala que cometieron estafa y cobro indebido de honorarios, en un caso que originalmente era de su colega Luis Piñánez (recusado).
El proceso con relación al diputado cartista Tomás Fidelino Rivas ni siquiera se inició, debido a que con un ardid sus colegas decidieron rebotar el pedido de desafuero del entonces juez Rubén Riquelme, con la excusa de que el mismo apeló la remisión de ese oficio y pidió la nulidad de la imputación.
El legislador fue imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso porque certificaba las asistencias de sus empleados particulares que no prestaron servicios como “auxiliares” en su oficina legislativa.
La acusación contra los caseros indica que se probó que los mismos percibían asignaciones salariales sin tener derecho a ello, dada la inexistencia de contraprestación laboral con el Congreso Nacional.
“El hecho de haber percibido sumas de dinero en forma indebida se corrobora con la información proveída por las telefonías donde se indican que los números declarados como suyos en el los registros de la Cámara de Diputados, específicamente en la ficha de datos del funcionario, obrante en sus legajos nunca se encontraron en las inmediaciones del lugar donde debían de prestar servicios”, se desprende de la acusación fiscal.
Asimismo, se indica que la pericia documentológica da indicios de que las planillas de asistencias fueron firmadas todas de una vez, y esta circunstancia condice con la declaración del director de Recursos Humanos, que señala que las planillas se encontraban en poder del diputado nacional Tomás Rivas, para la firma de los mismos. Esa pericia concluye que ni siquiera coinciden las letras de las personas que graficaron las horas de entrada y salida de los acusados en las planillas de asistencia. A su vez, los caseros cobraban sus salarios en cajeros de la zona de Paraguarí y nunca en Asunción, donde debían trabajar.
El diputado sigue impune
En febrero del 2017 salieron a la luz los tres “caseros de oro” del imputado diputado Tomás Rivas (ANR, cartista). Ellos son: Nery Antonio Franco González, empleado de distribuidora Salto del Guairá del diputado; Lucio Romero Caballero, era capataz en la estancia de Mbuyapey, y Lucio Romero Caballero, quien era casero en Lambaré. La Fiscalía constató que figuraban como funcionarios de la Cámara Baja, pero nunca fueron a trabajar allí. Desde el 22 de mayo se encuentra congelado en Diputados el pedido de desafuero contra el legislador.