Fiscalía acusa a Portillo, pero Diputados lo sigue protegiendo

La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz acusó y pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público.

La presentación se realizó ante el Juzgado de Penal de Garantías Nº 5 de Ciudad del Este, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete, debido a que Portillo ganó un conflicto de competencia y llevó su causa en Alto Paraná, su “feudo”.

Esta causa se inició de oficio tras las publicaciones de ABC Cardinal que empezaron el 15 de noviembre de 2017 con audios que dejaron en evidencia como el legislador operó en una causa judicial, a cambio de dinero.

La víctima es Auda Fleitas, quien soportaba un proceso penal por estafa.

Además, fue acusada como cómplice del tráfico de influencias la abogada Lucía Escobar, quien hizo de “nexo” entre Portillo y Fleitas.

Según la acusación, el hecho ocurrió en agosto de 2017. Primeramente, Portillo le indicó a la señora Auda Fleitas que tuvo acceso al expediente judicial que estaba en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este. 

Posteriormente, la abogada Lucía Escobar dijo a la encausada que “en la justicia no se gana sin plata, que venda lo que sea para poder salir del problema”. Acto seguido, la refirió de forma expresa que al diputado Carlos Portillo le pidieron dinero en la Cámara de Apelaciones, a cambio de una resolución favorable a su parte.

“Auda Fleitas consultó a Lucía Escobar cual sería el monto que le habrían solicitado al diputado Portillo, a lo que le respondió que la suma ascendía a 3.000 dólares americanos, como asimismo que tenía que hacer lo que sea para solucionar”, dice la acusación fiscal. 

De acuerdo a cruces de llamadas de celular, el Ministerio Público pudo corroborar que los pedidos de dinero persistían en setiembre de 2017, debido a que un camarista Isidro González pedía dinero porque “la resolución ya estaba y solo faltaba su firma”.

“A la vez (Portillo) le comunicó que ya había abonado la suma de dinero solicitada (3.000 dólares) porque no quería fallar con los camaristas, en razón de que les había dado su palabra. A continuación, Auda Fleitas le respondió cómo podría hacer para reembolsarle, si ‘por giros, depósito o por envío personal’, dándole como opción entregarle el dinero a Lucía Escobar. El diputado Carlos Portillo ante tales opciones manifiesta que no aceptaba esos medios de pago, diciéndole que le iba a enviar a algún familiar o a otra persona para el efecto, proporcionándole el número de su chófer de nombre Fernando”, se desprende de la acusación de Alcaraz. 

Luego de esto, efectivamente Auda Fleitas recibió el llamado del chofer Fernando Luis Bareiro, quien se presentó como el emisario y le pidió concretar el encuentro.

Posteriormente, Auda Fleitas expresó que volvió a recibir una llamada de parte de Lucía Escobar y esta le dijo que tenía que cumplir con el diputado Carlos Portillo, porque este ya había abonado lo que le habrían pedido los camaristas. 

“Además de estas comunicaciones telefónicas, existen mensajes vía Whatsapp entre el diputado Portillo y Lucía Escobar con la señora Auda Fleitas, a los que accedió el Ministerio Público por haber sido puestos a disposición de esta representación fiscal por la testigo”.

Uno de los mensajes por Whatsapp fue de Escobar a Fleitas, y esta le escribió: “Tu desesperación no tiene límite”.

Como otro elemento probatorio, la Fiscalía agregó una fotografía donde aparecen Portillo, Escobar y Fleitas.

Según la fiscala Liliana Alcaraz, el relato de Auda Fleitas concuerda con todos los elementos probatorios como una captura de pantalla que fue reenviada por Escobar a Fleitas, el diputado Portillo dice que un tal “Aniceto” (sería el camarista Aniceto Amarilla) le pedía 1.500 dólares para su firma.

Como testigos en esta causa, declararon los camaristas Aniceto Amarilla y Miryam Meza, cuyos votos “negociaba” el diputado Carlos Portillo. Meza reconoció que el legislador le visitó y pidió información sobre el expediente, reunión de la que participó Amarilla. 

Pese a este probado tráfico de influencias, Diputados sigue dilatando la pérdida de investidura de Portillo.

El delito se castiga hasta con cinco años de cárcel.