Johana Inés Repol San Martín y Joel Giménez fueron acusados la semana pasada por las fiscalas Nadine Portillo y Yolanda Portillo, por haber cobrado sueldo en la Justicia Electoral sin haber trabajado.
Los dos funcionarios inferiores no tuvieron la “suerte” de Ramírez Zambonini, a quien las representantes del Ministerio Público no llegaron a acusar por inducir a sus subordinados al cobro indebido de honorarios. Las fiscalas habían solicitado y obtenido prórroga para seguir investigando al miembro del TSJE, debido a que supuestamente no reunieron las pruebas para llevarlo a un juicio oral por avalar el planillerismo en la institución.
Los fiscales Hernán Galeano y Silvia Cabrera también tienen una carpeta abierta contra Ramírez Zambonini y sus colegas Bestard y Wapenka por cobro irregular de viáticos. En esta causa, los ministros ni siquiera fueron imputados.
Los tres miembros del TSJE informaron a la Fiscalía que devolvieron los viáticos percibidos en el 2015, por supuestamente dar charlas en el interior del país, cuando quedó demostrado que estaban de viaje en el extranjero. Pese a esta admisión tácita de la comisión del hecho punible, los fiscales Cabrera y Galeano no presentaron imputación.
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Se habla de fuertes injerencias políticas para evitar el procesamiento de Bestard, Ramírez y Wapenka, que siguen manejando a su antojo el dinero público.
Según fuentes, para la imputación de los miembros del TSJE, se requiere un visto bueno del fiscal general Javier Díaz Verón.
Los acusados
En el caso de Johana Inés, la fiscalía dice que ingresó a la justicia electoral en el 2003 como contratada y fue nombrada en el 2011 y debía cumplir funciones en la secretaría del ministro Ramírez Zambonini. Sin embargo, en horas de la mañana la acusada asistía a su facultad, cuando debería estar trabajando. Percibía una remuneración mensual superior a los G. 5 millones.
La presencia de Repol San Martín en el TSJE fue avalada por el jefe de gabinete del ministro Ramírez Zambonini, Víctor Báez Alfonso, también acusado por la fiscalía.
Por su parte, el funcionario Joel Giménez Torres también debía cumplir funciones en el gabinete de Ramírez Zambonini. Sin embargo, de su presencia no existen constancias de planillas firmadas. Su jefe directo también era Báez Alfonso.
Diputados
Por otro lado, en la Cámara de Diputados, presidida por el colorado Hugo Velázquez, ni siquiera hay un intento de juicio político a los miembros del TSJE, pese al comprobado mal desempeño. Incluso hay indicios de la comisión de delitos; es por ello la intervención de la fiscalía.
Una causa compleja
Ante los cuestionamientos por la no imputación de los miembros del TSJE, por la implicancia de los mismos en el fraude con viáticos, la fiscala Silvia Cabrera había manifestado que la investigación era compleja.
La agente del Ministerio Público señaló que están comparando los datos recibidos de diferentes instituciones.
Según fuentes, la investigación contra los ministros no solo apunta al cobro indebido de honorarios, sino también a la posible comisión de delitos contra el patrimonio, que sería lesión de confianza. Si se imputa por este último delito se podría agravar la situación de los integrantes del TSJE, que son los responsables de velar por el patrimonio de la Justicia Electoral, que está comprobado fue desviado. No solo se pagó a planilleros, sino los propios ministros cobraron viáticos ilegalmente.