La fiscalía adjunta se expidió ante el trámite de oposición que le imprimió el juez penal de garantías Humberto René Otazú al pedido de suspensión condicional del procedimiento, que solicitó el fiscal Cabrera para el diputado Núñez Salinas, a quien exigió una donación de G. 30 millones para el Hospital de Niños Acosta Ñu.
Espinoza sostiene que las pruebas documentales, testificales y periciales demuestran la reprochabilidad de Núñez Salinas como el autor de los hechos punibles de contrabando y producción de documentos no auténticos.
No obstante, Espinoza solicita al juzgado como auxilio judicial que pida al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos los documentos de las compras realizadas en dicho país.
A pesar de que el fiscal adjunto Espinoza rectificó el pedido de Cabrera, le confirmó para seguir atendiendo el proceso penal abierto al legislador.
El juez Otazú fijará fecha de audiencia preliminar.
Los antecedentes revelan que el 13 de marzo del año 2013, se presentó ante la fiscalía la entonces directora de Aduanas, Rocío Vallejo Ávalos, manifestando los siguientes hechos: que el 21 de octubre de 2011, en el marco del despacho de importación Nº 11002IC04016377Y, los representantes de la firma Intercom Ingeniería SA, cuyo presidente era en ese entonces el señor Carlos Alberto Núñez Salinas, habrían utilizado documentaciones falsas, a los efectos de fijar, como valor imponible, un monto inferior al real, de manera tal que los productos adquiridos en los Estados Unidos de América ingresen al mercado interno nacional con la aplicación de un menor costo en concepto de tributos.
A través de la referida firma ingresaron de contrabando decodificadores por valor total de US$ 1.026.028, que se hicieron pasar por ruteadores ante las autoridades inspectoras.
Según la acusación, Núñez Salinas en su calidad de presidente de la firma Intercom Ingeniería SA, utilizó la factura comercial Nº ST98009 en la que solo declaró como valor de compra de los ruteadores por US$ 17.760, en donde constaban los datos falsos de las mercaderías a fin de pagar un valor muy inferior al que debió abonar en concepto de tributos aduaneros.