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Quiñónez manifestó ayer que la denuncia presentada por abogados contra los miembros del “Clan Zacarías” se encuentra en el departamento de análisis jurídico de la fiscalía adjunta, en Delitos Económicos.
Este es el paso previo para que se designe la causa a un representante del Ministerio Público.
La denuncia es por lavado de dinero, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros. Es contra el senador Javier Zacarías Irún y su esposa e intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías; además de su hermano, el diputado Justo Zacarías y su esposa, Rocío Abed, posible reemplazante de Ulises Quintana en la Cámara de Diputados.
La denuncia alcanza a Alberto Rodríguez, brazo derecho de los Zacarías y quien fue intendente esteño en el 2015 en reemplazo de Sandra McLeod cuando esta se recandidatara para el cargo.
La causa se basa en publicaciones de ABC que indican que los Zacarías tienen toda una red de empresas con familiares y amigos que involucra hasta a parientes de magistrados.
Parte de esta red es Richard González Rodríguez, subjefe de Tránsito de la Municipalidad esteña y sobrino de Alberto Rodríguez. Con dinero en efectivo, en el 2006 él formó la empresa Gama SA, con capital de G. 5.500 millones. La otra accionista, María Lila Arrúa, funcionaria judicial, es sobrina de Sandra McLeod de Zacarías.
También la empresa Kuarahy SA, con capital de G. 6.000 millones fue creada por González, quien para ello G. 5.940 millones en efectivo, según los documentos. El funcionario municipal admitió sin embargo que vive de su salario, de G. 5.400.000.
A la red de empresas se suma el alto nivel de vida que logró para su familia Javier Zacarías en los últimos quince años, tiempo que, junto con su esposa, llevan administrando la Municipalidad de Ciudad del Este.