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La primera denuncia de corrupción en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que saltó fue la de la abogada Yolanda Paredes, apoderada del movimiento del senador Paraguayo Cubas de Cruzada Nacional.
Paredes aduce que hay hechos punibles como producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, asociación criminal, omisión de aviso de un hecho punible, asociación criminal, manipulación de grabaciones técnicas y otros hechos punibles cometidos en asociación criminal y dolosa.
Sin embargo, el Ministerio Público recepcionó de forma previa a la denuncia de Paredes, la remisión de los antecedentes del TSJE, que estuvo a cargo del asesor jurídico Luis Fernando Cabrera.
En el escrito, la entidad ya le tiró el fardo solo a Miguel Ángel Iturburo, jefe de Control de Calidad de Informática del TSJE.
Al tiempo de ponerse “a disposición de la Fiscalía” para colaborar con la investigación sobre los audios que revelan supuesta compra de votos, el TSJE atribuyó la responsabilidad “única y exclusivamente” a Iturburo.
Lo hizo con la excusa de que “las promesas realizadas con el objeto de obtener algún beneficio personal son de objeto imposible en todo el proceso electoral”, según se desprende del documento remitido a la Fiscalía General.
Asimismo, el TSJE dijo que instruyó sumario administrativo a Iturburo y lo apartó del cargo tras la divulgación de los escandalosos audios divulgados ayer a la mañana en ABC Cardinal 730 AM, en donde inclusive se mencionó al imputado senador de Unace Jorge Oviedo Matto, quien supuestamente pagó a Iturburo la suma de G. 25 millones a cambio de votos.
La fiscala general Sandra Quiñónez finalmente unificó las dos denuncias y designó a un equipo de fiscales en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción a cargo de Liliana Alcaraz, y como coadyuvante Diego Zilvervag de la Unidad Penal Ordinaria.