En su carta de advertencia, con fecha del 2 de agosto último, el fiscal Robert Capers señala al juez Raymond que el 21 de julio de 2016, el Gobierno envió una carta para proveer a la Corte una actualización sobre los descubrimientos y para alertar a la Corte de un “problema respecto a la revelación de ciertos materiales sobre los cuales se han elevado potenciales problemas de privilegio”.
“El Gobierno respetuosamente entrega esta carta para presentar novedades sobre los problemas de privilegios y para pedir respetuosamente que el acusado directo de la Corte, Juan Ángel Napout, provea cierta información respecto a los privilegios”, dice la misiva.
Como antecedente, la fiscalía menciona que el 3 de diciembre de 2015, el acusado Napout, vicepresidente de FIFA y presidente de Conmebol, fue arrestado por las autoridades suizas. Inmediatamente el Gobierno de EE.UU. elevó un pedido de mutua asistencia legal a las autoridades paraguayas solicitando una redada en la sede central de Conmebol en Asunción. La redada se llevó a cabo en enero de 2016. El Gobierno norteamericano recibió los resultados de la búsqueda –más de 350.000 registros– en mayo de 2016.
Desde febrero de este año, meses antes de que se recibieran los registros, el Gobierno ha estado en comunicación con los abogados con la intención de entender el alcance de los potenciales problemas de privilegio respecto a estos y otros materiales obtenidos por el Gobierno de EE.UU.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En fecha del 22 de julio de 2016, el Gobierno estadounidense pidió a los abogados de Napout y a los abogados anteriores y actuales de Conmebol que clarifiquen por escrito qué privilegios existen, incluyendo cualquier privilegio “de interés común”.
Luego, el 29 de julio, el Gobierno recibió una carta de respuesta de Ben O’Neil de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, actuales abogados de Conmebol, y respuestas por email de Michael Kendall de White & Case LLP y de Todd Harrison de McDermott Will & Emery, anteriores abogados de Conmebol. La última respuesta vino de John Pappalardo, de Greenberg Traurig LLP, abogados del acusado Napout.
La carta del fiscal sostiene que, aunque los actuales abogados de Conmebol –una de las víctimas de los crímenes que se cargan contra el acusado Napout– han cedido privilegio y la protección del producto de trabajo legal en relación con el material vinculado a cualquier investigación interna o trabajo llevado a cabo por Conmebol o sus abogados en respuesta a las acusaciones de este caso, los abogados de Napout y los juristas que representaban a Conmebol durante su presidencia y bajo la dirección de Napout han proveído información incompleta o inconsistente respecto a las representaciones y los privilegios afirmados.
Por ejemplo, los actuales abogados de Conmebol informaron al Gobierno que hasta el 15 de febrero de 2016, Alfredo Montanaro era el abogado general de Conmebol y, según lo que sabían, el Sr. Montanaro (con salario de la Confederación) no representó al acusado Napout. Sin embargo, en una carta al Gobierno el 7 de julio de 2016, la Srta. Silvia Piñera-Vázquez, abogada del acusado Napout, afirmaba que el Sr. Montanaro representó a Napout.
Previamente, en una carta del 24 de junio de 2016, y seguidamente en una reunión el 14 de julio de 2016, el Gobierno pidió a los abogados que provean las fechas y el alcance de la representación del acusado Napout por parte del Sr. Montanaro u otros abogados. En su email del 2 de agosto de 2016 al Gobierno, el Sr. Pappalardo no citó al Sr. Montanaro como abogado de Napout, pero tampoco clarificó o desmintió la previa carta de la Srta. Piñera-Vázquez.
En la misma carta, Pappalardo también identificó a Esteban Burt como abogado del acusado Napout. Sin embargo, los actuales abogados de Conmebol informaron al Gobierno que cuando comenzaron a trabajar en Conmebol el 15 de febrero de 2016, era de su entendimiento que el Sr. Esteban Burt, quien cobraba directamente a Conmebol por su trabajo legal relacionado a la investigación del Gobierno, era abogado de Conmebol.
Además, el Sr. O’Neil escribió en su carta al gobierno del 29 de julio de 2016 que “en base a la revisión de Conmebol de comunicaciones y documentos relevantes, parece que el Sr. Burt representó a Conmebol aproximadamente desde abril de 2015 hasta abril de 2016”, dice la carta del fiscal Capers.
Obviamente todo esto desemboca en un gran conflicto de intereses entre víctima y victimario.
Próxima Nota: Fiscal desmiente al abogado Esteban Burt
mvelazquez@abc.com.py