Con la recusación, contra la fiscales Leonardi Guerrero, Luis Piñánez, Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Susy Riquelme, que presentó el investigado Fernando Román Riquelme, se logró “enfriar” la causa abierta al clan Zacarías de Ciudad del Este.
Los agentes Marlene González y Luis Said habían sido designado por la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca, para seguir las averiguaciones.
Cuando se esperaba que Said y González presenten imputación, con base en los documentos incautados en Ciudad del Este y en Asunción, llamativamente los mismos hasta ahora no tomaron ninguna decisión.
Según fuentes del Ministerio Público, la excusa de ambos agentes es que están “ordenando” la causa iniciada por Guerrero. Este supuestamente abrió varios frentes, por lo que la investigación es muy compleja.
Sin embargo, esto sería una excusa, atendiendo que en el caso existiría una fuerte injerencia política para no imputar al clan Zacarías.
Tanto González como Said se caracterizan por trabajar “entre cuatro paredes”, por lo que es casi imposible que la ciudadanía tenga el control sobre sus actuaciones, a través de la publicaciones por la prensa. Son opuestos a Guerrero, quien informaba sobre las diligencias que iba haciendo.
Said y González se limitan informar a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Público. Es decir, que solo cuentan los que ellos quieren, ya que los periodistas no pueden tener acceso a ellos.
González fue muy criticada cuando tuvo a su cargo la investigación a la empresa de seguridad Maxton. De esta causa incluso fue relevada.
Investigados
Además de Javier Zacarías Irún, están en la mira su esposa Sandra McLeod (intendenta de Ciudad del Este) y sus hermanos el diputado Justo Zacarías Irún (exgobernador de Alto Paraná) y Margarita Zacarías Irún.
Asimismo, están investigados los socios comerciales Fernando Román Riquelme y Arcenio Román Riquelme.
El Ministerio Público había detectado dieciséis empresas vinculadas al clan Zacarías Irún que habrían contratado con el Estado durante más de una década y formarían a su vez parte de un esquema de lavado de dinero y evasión impositiva para cubrir la fortuna del senador de Honor Colorado.
La causa se abrió por presunto enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y asociación criminal. Además saltaron hechos que configurarían otros delitos como evasión impositiva, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
González y Said habían incautado un cúmulo de documentos de la Dirección de Contrataciones Públicos. Los fiscales se tuvieron que constituir en dicha dependencia, que no enviaba los informes requeridos.
Recusación, una maniobra
Con la recusación del fiscal Leonardi Guerrero y los otros agentes del Ministerio Público que hicieron allanamientos en Ciudad del Este y Asunción, el clan Zacarías y otros socios comerciales investigados logran trabar lo que era una inminente imputación.
La recusación es una maniobra común de los investigados, precisamente para dilatar las averiguaciones.
Generalmente, los fiscales recusados son inmediatamente confirmados por la Fiscalía General, cuya resolución es impugnada ante la Corte. Precisamente, en la Sala Penal de la máxima instancia judicial se “congelan” las recusaciones de los agentes del Ministerio Público.