Bajac fue imputado por cohecho pasivo agravado (coima) y la medida también alcanzó al abogado Juan Carlos Ávila y el funcionario judicial Carlos Lesme, por cohecho pasivo pero en calidad de cómplices. Para todos se solicitó la imposición de medidas alternativas a la prisión.
Esta investigación se inició en los primeros días del mes de julio cuando Neri Páez, representante de la empresa Cal Agro SA, denunció ante el fiscal Luis Piñánez, que estaba siendo víctima de una extorsión de parte del entonces ministro de la Corte Miguel Óscar Bajac, quien a través de funcionarios a su cargo le estaban pidiendo dinero para sacar un fallo a su favor de un viejo pleito judicial que llegó a la máxima instancia judicial.
Tras la denuncia se montó una entrega vigilada de dinero que tenía que recibir como adelanto el facilitador judicial que trabajaba para Bajac, Rafael Ramírez.
El 5 de julio se pactó la entrega de US$ 10.000 en la plaza que está frente al Palacio de Justicia.
Ramírez acudió al sitio y recibió el dinero, pero en ese momento fue detenido por agentes policiales. Todo fue filmado y grabado. Luego se descubrió que este facilitador trabajaba para Bajac.
Según la denuncia, Bajac le solicitó a Nery Páez y Liduvina Rodríguez, dueña de la empresa Cal Agro SA, que le paguen una fuerte suma de dinero para que él y el ministro Raúl Torres Kirmser fallen a favor de ellos en un expediente caratulado “Cal Agro SA c/ INC sobre resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios”.
El modus operandi que les planteó supuestamente Bajac era el siguiente: tenían que reunirse con el abogado Juan Carlos Ávila, designado por el exministro, para firmar un contrato en el que Ávila los iba a representar en la presente causa y cuando la sentencia de la Corte saliera a favor de ellos les iban a abonar al profesional del derecho la suma de G. 3.700.000.000 en concepto de honorarios. Tanto Ramírez como Lesme eran los que siempre estaban en contacto con Páez y fue el primero de ellos quien le llamó para pedirle un adelanto de US$ 50.000, que luego se pactó en que iba a pagarse US$ 10.000. Este fue el monto de dinero que se entregó en la plaza el 5 de julio.
Los fiscales del caso señalan en su escrito que luego de recabar testimonios, documentos, audios y filmaciones autorizadas vía judicial, confirmaron los indicios en forma suficiente para sospechar que el exministro de la Corte Miguel Óscar Bajac en complicidad con los funcionarios judiciales Ramírez, Lesme y el abogado Juan Carlos Ávila habría solicitado la suma de G. 3.700 millones y US$ 50.000 a los representantes de la firma Cal Agro SA para dar su voto a favor de la demanda que ellos entablaron. En base a eso se imputa a Bajac por cohecho pasivo agravado, se pide una caución de G. 500 millones, prohibición de salida del país y de acercarse a los denunciantes. Para los demás imputados se pidió una caución de G. 150 millones.
Rafael Ramírez ya está imputado desde julio pasado y cuenta con medidas alternativas.
Tras escándalo sacan fallo
El expediente de Cal Agro SA llegó a la Sala Civil de la Corte y el 12 de febrero pasado el preopinante el Dr. Raúl Torres Kirmser emitió su voto en contra de la firma Cal Agro. Luego el expediente fue al gabinete del ministro Miguel Óscar Bajac, quien emitió su voto y el 24 de abril envió el caso al despacho del ministro César Garay Zuccolillo. Pero el 5 de junio Bajac volvió a pedir el expediente para cambiar su voto. Recién el 18 de junio pasado volvió a reenviar los tomos a su colega Garay Z. Pero solo después del escándalo del pedido de coima hubo un apuro por resolver el caso y en tiempo récord (24 horas), después de conocerse el pedido de coima, ya se apuró el voto del Dr. Garay Z. y el caso salió en contra de Cal Agro.